Durante el año 2008 son múltiples las críticas surgidas contra actos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
En mayo, el propio fiscal general de la República, Fracisco Dall’Anese, aseguró ante una comisión de diputados que la DIS se ha negado a compartir información sobre la presencia de personas vinculadas con movimientos guerrilleros. Esto, según dijo, impidió investigar sus relaciones y actividades aquí como fue el caso de Héctor Martínez Quinto, detenido en el 2006 en Puntarenas.
Ese mismo día, Dall’Anese también aprovechó para objetar el sistema de trabajo de la DIS.
“Ellos lo que dicen es que no tienen que dar informes, ni identificarse, que no tienen que suscribir nada porque ellos son agentes de inteligencia”, respondió.
Un mes después, el 23 de junio La Nación publicó que ante la falta de pago por exclusividad en sus labores, los agentes de la DIS pueden realizar trabajos fuera de esa institución.
En esa oportunidad, el director de la DIS, Roberto Solórzano, respondió que cuando se dio cuenta de esa posibilidad lo que hizo fue asegurarse que los agentes verifiquen que sus clientes no están vinculados con hechos ilícitos.
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