La Sala IV frenó el cobro de multas por restricción vehicular en la ciudad capital hasta tanto no resuelva una acción de inconstitucionalidad que presentó un abogado y empresario.
El recurrente, Alberto Baraquiso Leitón, alegó que es inconstitucional el decreto que restringe la circulación vehicular de lunes a viernes, de 6 a. m. a 7 p. m., de acuerdo con el número final de la placa.
Según el afectado, el decreto Ejecutivo 34.577-MOPT (reformado por el decreto 34.620 Minae-MOPT) limita su derecho al libre tránsito y a seleccionar el vehículo con el cual circula.
Barquiso adujo que no se le permite circular con unidades inferiores a las seis toneladas en el perímetro restringido de San José y eso afecta su libertad de comercio.
“Sería imposible para las empresas cargar toda la mercadería en taxis o autobuses”, argumentó Baraquiso en el expediente 08-013927-0007-CO.
El abogado es apoderado de empresas como El Reinado de las Llantas, San Gil e Hijos y TEC Tecnología en Calzado, entre otras.
La restricción rige desde el 10 de julio de este año y limita la circulación de vehículos particulares y de carga de menos de seis toneladas.
La zona controlada incluye la carretera de Circunvalación, un tramo de la radial La Uruca, la vía principal de Calle Blancos y todas las rutas que desde esos puntos van hacia el centro de San José.
La multa es de ¢5.000.
Las consecuencias. La Sala IV acogió la acción para estudio y, mientras resuelve, la Policía de Tránsito seguirá aplicando las multas, pero no podrá cobrarlas.
Así lo confirmaron anoche la ministra de Transportes, Karla González, y el director del Tránsito, German Marín.
“El decreto fue impugnado, pero sigue vigente”, sostuvo González.
Además, en caso de que un conductor multado decida apelar contra la sanción, el tribunal que atienda el caso no podrá dictar sentencia hasta que la Sala resuelva.
“Cuando la Sala rechace la acción, todas las boletas podrán cobrarse. En caso contrario, si la Sala le da la razón al recurrente, se tendrán que anular todos los partes”, explicó la Ministra.
Por su parte, German Marín, sostuvo que continuará con los operativos, porque la decisión de la Sala no significa una “tregua” en la restricción vehicular.
“Espero que los usuarios no hagan una mala interpretación de lo que dice la Sala; la restricción seguirá aplicándose con 75 inspectores en las calles”, indicó Marín.
FOTOS

Si se aprueba la nueva Ley de Tránsito, la multa por restricción vehicular subiría de ¢5.000 a ¢130.000. Archivo
No aprenden
Cientos de multas
Este martes, la Policía de Tránsito aplicó 686 multas a conductores que irrespetaron el anillo de restricción vehícular.
Dicha cifra es superior al promedio diario, el cual no supera los 500 partes.
El Tránsito cree que la multa de ¢5.000 es muy baja para inhibir la conducta violatoria del chofer.
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