Elecciones cuestionadas

 Lejos de aclararla, los comicios municipales han nublado la situación de Nicaragua

 La falta de transparencia ha sembrado la duda sobre el triunfo del FSLN

No era realista esperar un proceso ejemplar. Dada la inseguridad jurídica vigente en Nicaragua, su crispada vida política y la subordinación del Consejo Supremo Electoral (CSE) al presidente Daniel Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán, resultaba inevitable que los comicios locales celebrados el domingo padecieran serios problemas. Sin embargo, por lo menos podrían haberse creado condiciones que dieran a todos los actores garantías mínimas de que la voluntad de los ciudadanos, expresada mediante sus votos, se reflejaría con transparencia en los resultados.

Por desgracia, el entorno en que se produjeron las elecciones estuvo plagado de desconfianza y turbiedad. Como consecuencia, nuestro vecino se ha precipitado en un período de profundos cuestionamiento sobre los datos oficiales, violencia callejera, inestabilidad y mayores sombras sobre el futuro de la democracia y las instituciones. El mayor perjudicado, como siempre, será el pueblo.

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La información divulgada por el CSE indica que, con solo cuatro municipios por escrutar, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganará, al menos, 93 alcaldías, incluida la de Managua, que se disputaban el excandidato presidencial de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, y el boxeador Alexis Argüello. Al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de Alemán, se le atribuyen 47, y a la ALN, 2. La Iglesia Católica y el sector privado han cuestionado los datos; la oposición, con base en su recuento de las actas, ha denunciado fraude; el Gobierno defiende el resultado, a pesar de que, hasta ahora, el CSE no ha dado números absolutos, sino solo porcentajes de votación.

Todo lo anterior configura un cuadro en extremo delicado, con la presencia de un enorme problema adicional: al contrario de todos los demás procesos electorales celebrados en Nicaragua durante las últimas dos décadas, en este caso el Gobierno rechazó la presencia de observadores internacionales y limitó profundamente la acción de los nacionales. Por esto, no existe ninguna entidad externa al poder y al “pacto” que pueda servir como referencia para emitir criterios medianamente objetivos. Esto hace aún más difícil salir del embrollo político existente.

La única opción medianamente viable que aparece en el horizonte es que, de inmediato, el CSE acepte un conteo de las papeletas, con delegados de los partidos y, al menos, representantes de la Iglesia y diplomáticos acreditados en Managua. De este modo, y confrontando los totales de cada mesa con lo que dicen las actas obtenidas por los fiscales de los partidos, podrá darse un escrutinio con suficiente base de legitimidad. De lo contrario, será la palabra de unos contra la de otros.

Pero la anterior opción también parece muy difícil. Ortega y su grupo son quienes controlan el Gobierno y, con la complicidad de Alemán, dominan las principales instancias de control público: no solo el CSE, sino también el Poder Judicial y la Contraloría. Con esta hegemonía institucional, y con claras intenciones de mantener su control, son pocos los incentivos para que acepten, al menos, abrirse al escrutinio público.

Como resultado, aunque, en efecto, el FSLN hubiera salido ganador, los resultados siempre estarán en duda, y crecerán los factores de conflicto, deterioro institucional y autoritarismo en Nicaragua. Triste destino para un pueblo vecino que merece algo mejor.