EDITORIAL |
La dimensión cuantitativa de la inseguridad ciudadana sigue lanzando su oscura sombra sobre el país, no obstante los esfuerzos del aparato estatal. Como en otros órdenes de la vida pública, el Estado no actuó a tiempo, cuando despuntaba este desafío, y ahora este nos ha sobrepasado. El hecho de que otros países están peor es un dato estadístico que en nada nos ayuda. Es preciso, con todo, no dar tregua al esfuerzo.
A la luz de esta realidad, debe ser motivo de honda preocupación y acicate de acción inmediata la noticia que La Nación dio anteayer sobre la corrupción en el interior de la Fuerza Pública, de la Policía, de nuestros vigilantes, del frente más confiable, teóricamente, en la lucha contra la delincuencia. Los datos revelados no reflejan un incremento cuantitativo de la criminalidad, del narcotráfico o de la delincuencia común, sino de la dimensión cualitativa del problema: el enemigo dentro de la casa, sentado en nuestra mesa, apostado frente a nuestras oficinas, velador de las calles, una de las garantías más eficaces –también teóricamente– del orden, de la seguridad y del cumplimiento de las leyes.
Los datos son, sin hipérbole alguna, estremecedores. En un año –de acuerdo con informaciones del viceministro de Seguridad Pública (MSP), José Torres– se ha duplicado el número de policías presos por corrupción. El año pasado eran 100. En la delegación de la Fuerza Pública de Alajuelita, el martes, oficiales del OIJ capturaron a dos policías y se les investigará, entre otros delitos, por privación de libertad y tentativa de homicidio.
Los casos más frecuentes, este año, según las autoridades del MSP, se relacionan con el narcotráfico, el robo o el hurto, y el mal uso de los recursos del Estado. También hay policías presos por homicidios calificados, especialmente en Limón. La Policía de Control de Drogas (PCD) apresó a dos miembros de la Fuerza Pública por colaborar con una banda de narcotraficantes en San José. Asimismo, policías que patrullaban las calles capitalinas alertaban a la banda que controla la venta de crack en San José.
Estos son algunos datos significativos del grado de corrupción interna entres los guardianes de la seguridad pública. El otro dato es peor que el primero: según el Viceministro de Seguridad Pública, con frecuencia hay que reinstalar a estos individuos en sus puestos por cuanto los jueces, por motivos legales, no los pueden inhabilitar. Tampoco se los traslada a otro lugar de trabajo menos riesgoso para los habitantes y menos tentador para los policías. Ante esta realidad, la promesa de no tolerar actos de corrupción en la Fuerza Pública carece de eficacia si las autoridades no cuentan con los mecanismos legales y técnicos apropiados para limpiar estos baluartes de la seguridad ciudadana.
Dada la función específica de la Fuerza Pública, en un momento estelar en el campo de la inseguridad ciudadana, se impone una transformación total en el sistema de formación, contratación, selección y control de la Policía. Estamos expuestos a los ataques de la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico, y, ahora, a la corrupción de la Policía. Los policías honrados y responsables son la mayoría. Sin embargo, los datos aportados no invitan a la confianza. El número de ellos implicados en graves delitos verifican un mal profundo en la Fuerza Pública y refuerzan el sentimiento de inseguridad imperante en el país. Como si no fuesen suficientes los retos que es preciso afrontar, este exige una atención especial e inmediata para romper el círculo vicioso de la inseguridad ciudadana.
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