Un balance positivo

Exviceministra de Desarrollo Social

Los resultados de la última Encuesta de Hogares en materia de pobreza, que por dicha han sido motivo de abundante reflexión, tienen para mí un significado especial, dado que se realizó en julio, justo antes del cambio institucional en este ámbito, cuyo aspecto más visible ha sido el paso de su rectoría desde el Ministerio de Vivienda al de Salud. Es decir, cubre el período que corresponde a una determinada estrategia, en cuyo contexto se inscribe mi gestión, que duró hasta fines de agosto.

Los resultados de la Encuesta son bastante claros: contrariamente a lo que muchos esperaban, la pobreza no ha aumentado y se mantiene prácticamente en el nivel logrado tras el brusco descenso del año anterior. En términos estadísticos, el punto porcentual que asciende (del 16,7% al 17,7%) se mantiene dentro de los límites de error del sondeo.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Además, existe consenso en que cerca de la mitad de ese resultado es producto de los programas sociales impulsados, que se articularon con una mejora económica y del empleo.

Como reconoce el editorial de este diario sobre el tema ( La Nación, 2/10/08), los programas tuvieron su correspondiente impacto: principalmente, el incremento de las pensiones no contributivas y el programa Avancemos.

De este programa se han dicho múltiples cosas y no siempre atinadas. Por ejemplo, que buscamos conseguir sus metas muy precipitadamente, cuando lo cierto es que ello fue parte de una estrategia premeditada: cubrir cuanto antes el universo final (140.000 estudiantes) para afinar sus mecanismos y avanzar hacia los excluidos del programa (por no haber concluido la primaria).

Por otra parte, si el programa no hubiera avanzado tan rápidamente, su impacto en la reducción de la pobreza habría sido irrelevante. En realidad, Avancemos es un programa bastante más inteligente de lo que algunos piensan, y, por ello, nuestra idea de “blindarlo” me parece cada vez más necesaria.

Como ya he dicho, esta estrategia tenía un doble propósito. De un lado, impulsar programas innovadores contra la pobreza y, del otro, enfrentar el problema principal que tiene la acción pública en este campo: la ausencia de una gestión integrada de calidad de los programas sociales existentes (algo que afortunadamente es cada día más evidente).

Pues bien, es este segundo plano el que ahora más me preocupa. En primer lugar, porque su avance, hasta agosto, tuvo productos no tan acabados ni evidentes.

Ya habíamos logrado el diseño de la base de un programa de información estandarizada, el Sistema de Información y Gestión de los Programas Sociales Selectivos (Sigipss), porque saber, en general, dónde están los pobres, sin tenerlos en bancos de datos actualizados, no sirve de mucho.

También se formuló un proyecto de ley para asentar la autoridad social que necesita el país para coordinar eficazmente los programas existentes, algo reclamado por la Contraloría.

El cambio de rectoría. Sin embargo, el cambio de rectoría ha abierto un paréntesis en este plano. Por un lado, se ha frenado el proceso de consolidación, por ley, de la autoridad social. Entre otras razones, porque objetivamente sería poco claro asociar ese tipo de autoridad al Ministerio de Salud. La ministra Ávila sabe que cuenta con mi apoyo para llevar adelante su nueva rectoría del sector social, sobre todo, ahora que las vacas no han terminado de enflaquecer.

No obstante, ese apoyo parte de hablarle con claridad, sin medias tintas. Mi opinión es que asociar de forma definitiva la cartera de Salud a la responsabilidad del desarrollo social contiene fuertes riesgos: el primero de ellos adoptar un enfoque salubrista de la lucha contra la pobreza, algo superado en esta región desde mediados del siglo pasado.

Por otra parte, creo que el Viceministerio de Desarrollo Social no debe reducir su esfuerzo por impulsar el mejoramiento de la gestión de los actuales programas selectivos; y existen indicios de que algo así se estaría produciendo, como es el debilitamiento de su dirección administrativa en este campo. Este Viceministerio debe mantener el liderazgo en cuanto a la gestión integrada, al menos hasta que se reforme la arquitectura institucional.

Este país tiene buenos analistas de lo social (Pablo Sauma, Juan Diego Trejos, el Estado de la Nación y un largo etcétera), pero el nivel de su gestión y coordinación programática es considerablemente bajo. En suma, proseguir la estrategia impulsada, en cuanto a la consecución de la gestión integrada, también contribuiría a mantener el balance positivo que hoy reflejan las cifras.