A las 8 a. m. de hoy comienza el juicio contra el expresidente Rafael Ángel Calderón Founier (gobernó de 1990 a 1994) y otras siete personas acusadas en relación con el caso CCSS-Fischel.
Rafael Ángel Calderón Fournier se convierte así en el primer exmandatario de Costa Rica llevado a juicio por su participación en un hecho de corrupción a funcionarios públicos.
Además de Calderón Fournier, se juzga también a Walter Reiche Fischel, Eliseo Vargas García, Gerardo Bolaños Alpízar, Juan Carlos Sánchez Arguedas, Olman Valverde Rojas y Marvin Barrantes Vargas.
A todos ellos se los acusa por los delitos de peculado y corrupción agravada en relación con la compra de equipo médico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, está acusado el exabogado de la Corporación Fischel, Randall Vargas Pérez quien enfrenta cargos por destrucción de documento público y falsedad ideológica.
La hechos que se acusan están vinculados con la compra de $39,5 millones en equipos médicos al consorcio finlandés Instrumentarium Medko Medical, que era representado en Costa Rica por la Corporación Fischel.
Por esa compra, los finlandeses giraron $8,6 millones en comisiones que se distribuyeron entre empresarios, políticos y funcionarios públicos.
Según la acusación de la Fiscalía, Calderón Fournier y el presidente de la Corporación Fischel, Reiche Fischel, idearon un plan delictivo para que Costa Rica contrajera un crédito y comprase equipos a una firma representada por Fischel y, de esta manera, obtener retribuciones ilegales.
Juicio público. El juicio por el caso CCSS-Fischel es oral y público, por lo que cualquier ciudadano que lo desee puede presenciar las audiencias que se desarrollan en la sala número 3 de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en San José.
Para ello, el Poder Judicial dispuso 30 espacios en la sala del juicio. Los lugares se asignan sin previa cita, según el orden de llegada.
Tribunal de experiencia. El tribunal que juzgará a los acusados CCSS-Fischel esta integrado por dos hombres y una mujer.
Se trata de los jueces Alejandro López Mc Adam , con 22 años de antigüedad en el Poder Judicial; Víctor Dobles Ovares, con 20 años de experiencia, y Teresita Arroyo quien tiene 30 en el Poder Judicial .
Ellos deben evaluar los argumentos del Ministerio Público, de los defensores de los acusados, así como de los abogados de la CCSS (que funge como actor civil) y de la Procuraduría General del Estado (PGR), que se desempeña como abogado del Estado.
Los jueces tendrán que valorar, además, el testimonio de 277 personas s y 12 peritos que ya fueron ofrecidos por las distintas partes.
Resarcir al Estado. La CCSS y la Procuraduría procuran que los acusados compensen el daño causado al Estado con $135 millones.
Mediante dos reclamos civiles pretenden que los ocho acusados respondan en conjunto por los daños económicos y morales que este caso ocasionó a la colectividad costarricense.
La CCSS impulsa el cobro de $15 millones por el daño moral y $31,2 millones por el daño económico.
En Latinoamérica no existen antecedentes de una entidad pública a la que se haya compensado por el daño ocasionado por un caso de corrupción pública.
Compleja investigación
04/2004
Una investigación de La Nación reveló que el entonces presidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas García, vivía en una casa valuada en $785.000, que había comprado para él el gerente financiero de Corporación Fischel, Olman Valverde Rojas. Al día siguiente de la publicación ambos renunciaron a sus cargos.
06/2004
Arrestan a Walter Reiche y al abogado de esa empresa Randall Vargas. Las autoridades les imputan destruir pruebas y coaccionar a una abogada la abogada de la Corporación Fischel, Fanny Ledesma Boschini. Estuvo detenido hasta noviembre del 2004 cuando recuperó la libertad después de pagar una fianza de ¢200 millones.
09/2004
Arrestan a Eliseo Vargas Ante los fiscales, Vargas confesó que Calderón Fournier planeó la operación para obtener las comisiones finlandesas y decidió cómo repartirlas. Declaró, además, que el exmandatario trató de encubrir los depósitos $520.000 y que hizo gestiones ante la Presidencia de Panamá , para evitar la apertura de sus cuentas bancarias.
10/2004
Arrestan al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Le imputan el delitos de corrupción agravada y asociación ilícita. Calderón admitió que recibió $520.000 provenientes del consorcio finlandés que representaba la Corporación Fischel, pero alegó que recibió ese dinero por “actos correctos”.
03/2007
El Ministerio Público presentó acusación formal contra ocho imputados en el caso CCSS-Fischel. Señala que Calderón Fournier y Reiche Fischel idearon un plan delictivo para obtener retribuciones ilegales de parte del consorcio finlandés a cambio de impulsar una ley de empréstito de Costa Rica y la compra de equipo médico para la CCSS.
Los delitos que se juzgan
Peculado. Lo comete el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.
El Código Penal sanciona el peculado con prisión de tres a doce años.
Corrupción agravada. Se produce cuando los hechos a que se refiere el cohecho propio tienen como fin otorgar puestos públicos o la celebración de contratos en los cuales esté interesada la administración a la que pertenece el funcionario.
El delito de corrupción agravada se castiga con prisión de tres a diez años.
Comunicabilidad. Es una figura jurídíca prevista en el Código Penal de Costa Rica. Se utiliza cuando los funcionarios públicos cometen un delito en conjunto con personas comunes.
Por la comunicabilidad de las circunstancias es posible perseguir penalmente a personas comunes por delitos que aplicarían solo a los funcionarios públicos.
Por este recurso es que la Fiscalía puede acusar por peculado a Calderón Fournier, Reiche Fischel, Olman Valverde Rojas y Marvin Barrantes.
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