Todas las bancadas la aprobaron; Ejecutivo la rebate

Nueva ley facilita referendos sobre temas ambientales

 Empresarios en contra por considerar que entorpecerá planes de inversión

 TSE sorprendido por facultades electorales que se otorgan al Minae

Si en un distrito se instala una fábrica y alguien considera que daña el ambiente, podrá recoger las firmas del 10% de los electores de ese territorio y lograr que se convoque un referendo de acatamiento obligatorio.

La fábrica, igual que una urbanización o una nueva carretera, tendría que descartarse por decisión de la mayoría popular, siempre que vote más del 10% del padrón del territorio involucrado.

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El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sería la entidad encargada de convocar la elección popular y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) serviría solo de asesor.

Tales son las posibilidades contenidas en una ley que 48 diputados de todos los partidos ratificaron esta semana, sin mayor debate ni criterio de las autoridades involucradas. El proponente fue el unitario José Merino del Río, del parido Frente Amplio.

Más activo fue el gremio de los empresarios, que de inmediato manifestó su oposición por creer que abre portillos para que numerosas inversiones se caigan por “razones emocionales”.

“Hasta la ampliación de una casa puede convertirse en tema de referendo y prohibirse por la voluntad popular”, dijo Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

Por eso, la Uccaep pidió al presidente Óscar Arias vetar la el texto, aunque sea de manera parcial. El Gobierno podría hacerlo antes de que se publique en La Gaceta y entre a regir de manera formal como ley de la República.

¿Lo vetará? El ministro de Ambiente, Roberto Dobles, no contestó ayer cinco mensajes dejados en su teléfono celular y con su secretaria, pero legisladores lo estimaron posible.

“Es una potestad que tiene. Ya nosotros hicimos lo que nos correspondía. No tengo claro si lo va a vetar”, manifestó la oficialista Maureen Ballestero, quien presidió el Congreso esta semana, cuando se dieron de forma ágil las dos votaciones correspondientes.

El proyecto de ley se incluyó en una agenda de consenso acordada este mes entre los partidos representados en la Asamblea, por lo cual existió un compromiso conjunto de apoyarse sus planes.

“Se hicieron consultas desde el 2006 y hasta julio del 2008 no se recibió una manifestación del Minae sobre su inconformidad. Ahora, en este último mes, fue parte de la agenda de consenso de las fracciones, se reportó al Ministerio de la Presidencia”, dijo Ballestero, quien además presidió la comisión de Ambiente, a cargo del plan.

Dobles y el ministro de la Competitividad, Jorge Woodbridge, se reunieron con la bancada oficialista el miércoles, pero la ley ya había sido aprobado en primer debate y la ratificación era inminente.

En contra. Otra objeción a la nueva ley la manifiesta el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Tengo entendido que no fuimos consultados”, dijo el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, quien advirtió que no sabía de la existencia de esta legislación. Ballestero dijo que el TSE sí se manifestó en favor del proyecto.

Advirtió que es “extraño” el artículo que otorga al Minae facultades para convocar una elección de carácter vinculante. “Siempre es posible consultar a la gente, pero si es vinculante, ya suena que está en la órbita de lo electoral”.