Manuel H. Rodríguez

Defendemos la normativa ambiental

 Un cuestionamiento no es una amenaza, como señalan erróneamente algunos

Presidente de UCCAEP

El sector productivo nacional, reunido en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), presentó en marzo los temas que considera fundamentales para potenciar el desarrollo del país. Entre ellos se incluyen la normativa ambiental y la seguridad, ciudadana y jurídica. En el primero, el reto es armonizar las metas del desarrollo económico y social con la protección del ambiente, y aprovechar sosteniblemente las ventajas comparativas que nos dan nuestros recursos naturales.

Como sector socialmente responsable estamos en total acuerdo con que el Estado haga cumplir la legislación en todos sus extremos y que se proceda en total apego a la normativa.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

En el segundo tema y muy ligado al anterior, reconocemos que es función primordial del Estado garantizar la debida seguridad física a sus ciudadanos, y en particular a quienes ejercen las funciones de jueces y fiscales para que se haga cumplir la legislación en todos sus extremos en total apego a la normativa.

Claro irrespeto. No obstante, una convocatoria a la prensa enviada por el Tribunal Ambiental Administrativo, el pasado 7 de mayo, constituye un claro irrespeto al derecho del debido proceso que tenemos los costarricenses, y que está garantizado en nuestra Constitución Política.

En la convocatoria textual se lee, luego de enumerar el nombre de los proyectos: “Les rogamos total confidencialidad respecto a los nombres de los proyectos a cerrar, pues no puede divulgarse por razones legales hasta mañana que nos presentemos al cierre. Para efectos de logística, nos veremos a las 9:00 a. m. en el Centro Comercial Garden Plaza, a la entrada de Tamarindo”.

Esta situación es inadmisible a todas luces, pues los regulados tienen derecho a un debido proceso, así como a su derecho de defensa y así lo manifestamos en carta que enviamos al Ministro de Ambiente el 8 de mayo.

Queja formal. Nuestro cuestionamiento, ejercido dentro de los cánones que permite el ordenamiento jurídico costarricense, en ningún momento puede considerarse “amenazas”, como argumentaron los integrantes del Tribunal y algunos columnistas, sino que es una queja formal por la forma en que se procedió, pues pareciera que estas autoridades administrativas, cuya función está sujeta al principio de legalidad, aun en materia del medio ambiente, están más interesadas en el espectáculo mediático y amarillista que en el cumplimiento de las potestades asignadas por ley a este Tribunal Administrativo y a la protección de nuestra riqueza ambiental.

En UCCAEP, como representantes del sector privado, siempre estaremos del lado de la ley, de quienes tienen la tarea de aplicarla, siempre y cuando su labor la realicen bajo los principios dados por nuestra Constitución Política. Permitir que las autoridades violenten el debido proceso sería desconocer el Estado de derecho por el cual se rige nuestro país.