Buenos Días Armando Mayorga | amayorga@nacion.com

Ni pican, ni prestan...

jefe de información

La Asamblea Legislativa se jaló una torta en 1997 y, una década después, no la ha arreglado... Más bien, hasta les hace alboroto a quienes intentan solucionarla.

La torta se dio por un olvido, un error. Hace 10 años, los diputados derogaron la ley de creación del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) para transformarlo en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Todo bien hasta ahí.

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Sin embargo, en ese cambio de una entidad por otra, no le delegaron a la Aresep, ni a nadie más, una función primordial que tenía el SNE: autorizar a desarrolladores privados el uso del agua para generación eléctrica.

Así, dejaron un vacío legal, han provocado un desperdicio enorme de la capacidad instalada para producir energía y, a la vez, han desestimulado inversiones en este sector.

Por ejemplo, desde 1999, cinco hidroeléctricas privadas han tenido que salir de operaciones y, este año, lo harán otras cuatro al no existir una entidad estatal que les dé el permiso.

La única posibilidad que tiene cada empresa es que los diputados voten una ley para darles permiso... ¡Más fácil es que el hombre vuelva a la Luna!

Ante el vacío legal dejado por los legisladores en 1998, el Gobierno de turno le asignó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la potestad de dar los permisos. Hoy, el gobierno de Óscar Arias hace lo mismo. Ambos desoyen una opinión de la Procuraduría de la República que advierte que solo el Congreso es dueño de esa facultad.

Ambos la desoyen porque hay de por medio un “interés público” y es hora de tomar decisiones: el país afronta problemas para producir energía barata y limpia como es la hidroeléctrica. Además, solo en este año, el ICE gastará $220 millones en combustibles, los cuales trasladará a los recibos de luz.

Hoy, los diputados de oposición salen a denunciar al Gobierno por irrespetarlos, por irrumpir en un ámbito propio del Poder Legislativo. Incluso, uno de ellos recurrió a la Sala IV para que declare inconstitucional el decreto que da potestades al Minae para dar permisos a las hidroeléctricas privadas. De seguro, lo logrará, pues ya es sabido que, luego de la torta que se jalaron, la potestad es de ellos.

Lo indignante es que los diputados opositores ponen el grito en el cielo, pero no hacen nada por enmendar el error. Es decir, ni pican, ni prestan el hacha. Antes de reclamar, legislen, pónganse a trabajar.