Taxis, piratas, porteadores y...

 El clientelismo político dominó, desde el principio, la concesión de placas, alimentó la ausencia de autoridad y desnaturalizó el servicio público

 He aquí otro de los tantos problemas sociales acumulados por años, cuya solución se torna compleja

¿Taxis o porteadores? ¿Transporte público o privado? He aquí, en última instancia, uno de los tantos problemas, agravados a lo largo del tiempo, el de los taxis, cuyo pecado original fue el clientelismo político y que ningún Gobierno se atrevió a resolver. Ahora representa, como muchos otros, una pesada carga, en la que se invierten tiempo y recursos crecientes para despejar el panorama y ordenar lo que, desde el principio, se enredó.

El servicio de taxis es básico, como todo lo referente al transporte público. Debió, entonces, merecer, desde sus orígenes, una atención particular. Pero se desnaturalizó, es decir, se corrompió, porque se desvió de su razón de ser, de su función natural. El taxi llegó a ser así no parte del servicio público a las personas, sino una mercancía política al servicio de los políticos y de los aspirantes a políticos, al punto que, por mucho tiempo, ni siquiera se supo quiénes eran los legítimos concesionarios. La misma historia de siempre: se mantiene la confusión y se soslayan la ley y la autoridad para que el reparto político siga su curso.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Y, en estas condiciones, cuando se quiere actuar, ley en mano, en aras del servicio público, la metástasis se ha expandido. Uno de los efectos de esta situación patógena es la ineficiencia que, si irrumpe en el marco del orden legal, se torna fecunda e incontrolable en el desorden y el clientelismo. La ineficiencia en el servicio, sin respeto alguno a los usuarios, por culpa de buena parte de los concesionarios de taxis, disparó la “competencia”: primero, los llamados taxis piratas y, luego, los porteadores, aduciendo, cada grupo, derechos e intereses. Si la naturaleza aborrece el vacío, también la vida en sociedad. Alguien, dentro o fuera de la ley, lo colma. Nuestras calles lo proclaman.

Ya llevamos muchos años en este conflicto entre taxistas, piratas y porteadores. Los que, al principio, eran unos cuantos, ahora son legión. Periódicamente nuestras calles, las más concurridas y más expuestas al embotellamiento, son escenarios de manifestaciones o desfiles, a paso de tortuga, de unos y otros, en busca, según ellos, de justicia. Imaginemos no más lo que significan estas demostraciones de fuerza en un país donde un leve choque paraliza todo el tránsito por varios kilómetros y horas. Bien lo saben los grupos de presión y, sobre todo, las víctimas. ¿Cuánto le habrán costado al país, en recursos y tiempo, estas situaciones?

En estas nos encontramos. Anteayer los taxistas marcharon lentamente hacia la Presidencia de la República para apoyar la reforma del artículo 232 del Código de Comercio, tendiente a prohibirles a los porteadores el transporte de personas. Otro día harán lo propio los taxis piratas. La solución es compleja por el nivel a que se ha llegado, por la tentación política para los diputados y por la reacción de los disconformes.

En el centro de la discusión figura la posición razonable del MOPT, sintetizada en las declaraciones de la viceministra de Transportes, Viviana Martín, en el sentido de que el servicio de taxis requiere la observancia plena de ocho requisitos. No de algunos, sino de los ocho, por el bien de los usuarios. Esta es la cuestión de fondo: el desprecio de lo legal o el cumplimiento a medias.

En cuanto a los taxistas formales, deben, por su parte, tomar conciencia de que no han satisfecho la exigencia del servicio. Si ahora, por primera vez, deben someterse a ciertas normas esenciales, deberán cumplir. Cuanto más ineficientes sean, más puertas les abrirán a otros grupos que alegan, con toda razón, que el desprecio al usuario, por parte de estos, indica que todavía hay espacio para una real competencia en el servicio.