Lecciones de Sardinal

 La creciente sensibilidad en la defensa de los recursos naturales estimula las medidas preventivas y el rechazo de la violencia

 Los dirigentes de la comunidad de Sardinal supieron rechazar a tiempo la irrupción de grupos extremistas de otros lugares

El movimiento de protesta, la semana pasada, de los vecinos de Sardinal contra el establecimiento de un acueducto entre esta población, El Coco y Ocotal, en Guanacaste, para abastecer de agua a diversos proyectos turísticos, nos deja algunas lecciones. Conviene reparar en estos hechos a fin de hacerles frente en el futuro a situaciones parecidas.

Nos referimos a eventuales problemas venideros por dos razones: en primer lugar, por la creciente toma de conciencia en el país –y en el mundo– sobre los recursos naturales, dada su íntima relación con los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos, y con el desarrollo sostenible de las naciones y el futuro de la humanidad. La sensibilidad mostrada por nuestro país en este campo ha sido encomiable, aunque, en verdad, no se ha traducido en políticas constantes, integrales y eficientes, y tampoco en la colaboración real de los habitantes. El problema de la basura habla por sí solo. En segundo lugar, por la evidencia de los desastres causados por el abuso y negligencia en este campo.

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Esta sensibilidad social es más aguda en relación con el agua, potenciada por el auge de la construcción, acompañada de la anarquía reinante, de la falta de planeamiento y de ordenamiento territorial, así como por la transgresión constante e impune de la normas sobre la materia, cuando no por la corrupción. El caso de Guanacaste es especialmente significativo. Recientemente informamos de que el 25% de las construcciones en esta provincia carecían de permiso oficial. Estos antecedentes han fortalecido los movimientos sociales en defensa de los recursos naturales, en particular del agua, y, a la vez, atraen a ciertos grupos extremistas.

Hacemos hincapié, por ello, en lo ocurrido en Sardinal, donde algunos miembros del comité creado en esta coyuntura supieron distinguir, oportunamente, entre la preocupación de los vecinos y la irrupción, desde algunas poblaciones del Valle Central, de grupos interesados en contaminar la protesta.

Los dirigentes de dicho comité rechazaron a tiempo todo intento, como expresaron, de instrumentalización de ciertos grupos o personajes, estudiantes o dirigentes sindicales, en busca siempre de situaciones conflictivas para alimentar sus rancias y oxidadas posiciones ideológicas, extrañas a nuestro pueblo. Estos grupos, refractarios a cualquier propuesta de solución, terminan siendo factores de agravamiento de los problemas sociales.

En estas circunstancias y dado el clima de odio y de irrespeto a la institucionalidad democrática común a estos sectores minoritarios, el Gobierno y la empresa privada deben extremar sus esfuerzos para que todo proyecto se enmarque en las normas legales vigentes. En esta estrategia se torna preponderante la comunicación oportuna e inteligente con las comunidades afectadas o que expresen su disconformidad. La razón es el mejor antídoto contra la violencia. Esta labor de explicación y persuasión debe tomar en cuenta el deber de solidaridad de las diversas comunidades del país. Los recursos naturales no son monopolio de ningún grupo en particular.

No debe tampoco mirarse con indiferencia o como un acto pintoresco la adopción de prácticas que no son propias de un país democrático o que ofenden la convivencia ciudadana. Nos referimos a niños y adolescentes con el rostro cubierto en manifestaciones públicas o en movimientos de protesta. Los promotores o dirigentes de estos movimientos de protesta no deben desentenderse de estas conductas y, mucho menos, estimularlas.