Debe delimitar 61.000 hectáreas fronterizas con panamá

IDA en aprietos para ordenar tierras del Estado en frontera

 Terrenos ubicados a dos kilómetros de la línea limítrofe son del Estado

 Personas que viven en esas áreas imposibilitadas para pedir crédito o bono

Las tierras estatales en la línea limítrofe con Panamá, están en total desorden, pues no está claro quién ocupa esas 61.000 hectáreas ni tampoco están delimitadas.

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Desde Punta Burica, en la costa del Pacífico, hasta el refugio de Gandoca, en el Caribe limonense, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) es el que, por ley, debe velar porque esas tierras estén en orden y bien delimitadas.

De acuerdo con la ley, el Estado es dueño de toda zona ubicada a dos kilómetros de la línea limítrofe. Los terrenos van de un océano a otro y allí hay áreas protegidas y bajo regímenes especiales administrados por el Estado.

De ese territorio, el 26% son zonas que protege el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y cuatro reservas indígenas que tutela la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) y que ocupan el 21% de esa área.

En el restante 47%, hay siete asentamientos campesinos y dos porciones de la zona marítimo terrestre que administra el IDA.

Los jerarcas del IDA intentan poner en orden estas tierras a pesar de que carecen de personal y equipo técnico.

La Contraloría General de la República exigió al IDA, en un informe el 15 de marzo del 2007, que pusiera orden en la frontera, más que todo para delimitar las tierras y determinar quién las ocupa.

Realidad. En medio del caos administrativo que reveló el informe de la Contraloría, en la frontera sur viven personas de muy escasos recursos que por la situación de sus tierras no pueden acceder a los programas sociales del Gobierno.

Tras el informe de la Contraloría, los directores del IDA consultaron a la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) si parte de esas tierras, que ya estaban inscritas en el Registro Nacional antes de crearse la franja fronteriza, pertenecen al Estado.

El criterio de la Procuraduría es que los bienes del Estado son inalienables, intransferibles e imprescriptibles, por lo que no se puede disponer de ellos.

De acuerdo con la ley, los terrenos inscritos antes del 14 de octubre de 1961, sí tienen dueño. Pero hay áreas sin registrar, en las que existen asentamientos, que no podrán titularse. Esto hace que quienes habitan esas tierras no sean sujetos de crédito bancario y se les dificulte trabajar sus parcelas.

Pero el IDA enfrenta otro problema: la existencia de asentamientos campesinos en las áreas silvestres protegidas, donde, según la Ley del Minae, nadie puede vivir.

Para Carlos Bolaños, esta situación obliga a plantear una política de Estado, que tome en cuenta las necesidades de la gente.