Harán inventario en zonas de regímenes especiales

Plan de catastro revela caos con terrenos del Estado

 En el Registro aparecen 1.600 concesiones en zona marítimo-terrestre

 La mayoría de esas concesiones están divididas y fueron vendidas

Un caos con los terrenos públicos que están en áreas bajo regímenes especiales (ABRE) es lo que encontró el programa de Regularización de Catastro y Registro.

Este programa, que procura ofrecer seguridad jurídica a los dueños de propiedades en todo el país, inició un proceso para levantar información de la situación catastral de las zonas ABRE.

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Las zonas con las que se iniciará el ordenamiento territorial estatal son: 19 áreas silvestres protegidas, 16 territorios del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), 15 territorios indígenas y algunas áreas de la zona marítimo terrestre del litoral del Pacífico.

Estas áreas representan el 60% del país, es decir, 30.660 kilómetros cuadrados.

Los responsables de su administración y cuidado son el IDA, el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), asociaciones de desarrollo y algunas municipalidades.

Míriam Miranda, coordinadora de este proyecto catastral, indicó que en el Registro Nacional existen 1.600 terrenos en concesión, de los que se desconoce realmente en manos de quién están.

Miranda explicó que estas concesiones las han fraccionado y vendido sin documentos legales. “De esto se han aprovechado extranjeros que no solo han acumulado tierras, sino que dan uso privado a terrenos públicos”, dijo.

Ingobernabilidad. Los territorios ABRE, según Miranda, surgieron sin ninguna planificación, generando “una ingobernabilidad” para las instituciones responsables.

Varios factores como descoordinación en las decisiones políticas, respuestas apresuradas del Estado ante la destrucción de los recursos naturales, presiones internacionales y de organismos no gubernamentales, así como el crecimiento de una conciencia ambientalista provocaron el caos existente.

El proyecto, explicó la funcionaria, procura consolidar a lo interno de las entidades responsables la situación de las tierras, aunque supuestamente están reguladas por leyes o decretos.

Miranda dijo que se desconoce la ocupación real de estas áreas. “La información es escasa y desordenada y, al no estar sistematizada, se presta para una comercialización ilegítima”, agregó.

El nuevo catastro tendrá información cartográfica, registral catastral, topográfica, y un censo de la gente que habita en las zonas.