Falta de personal facilita tala en reserva

Corresponsal

San Ramón. La apertura ilegal de un camino, la cría de ganado y las plantaciones clandestinas de frijol provocaron la deforestación de seis hectáreas de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, en San Ramón.

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Dicha área protegida está bajo administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) y cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae).

En el sitio no hay guardaparques, solo un oficial que no tiene capacidad para vigilar las 9.800 hectáreas del área protegida.

En marzo pasado, funcionarios de ambas dependencias realizaron un recorrido para atender denuncias y se encontraron una cuadrilla de trabajadores con maquinaria a más de un kilómetro adentro de la reserva.

De acuerdo con José Antonio Salazar, administrador de la reserva por parte del Minae, los operarios estaban abriendo un camino hacia Cidral de Miramar.

“Además de la maquinaria se encontró la apertura de un tajo para extraer material, ninguno contaba en ese momento con permiso”, explicó el funcionario.

Posterior al hallazgo, las autoridades de la UCR recibieron una nota de la Municipalidad de Montes de Oro, Puntarenas, con fecha del 26 de marzo, donde se autorizaba la apertura del camino.

“Es una nota con terminología vaga que solo indica la extensión del camino, no cuenta con permisos de Setena ni estudio de impacto ambiental, viola las leyes del patrimonio natural del estado”, agregó Salazar.

Problema. Las 7.800 hectáreas de la reserva biológica aún no están inscritas, existen 90 planos iguales inscritos a nombre de diferentes personas, pero en 1990 fueron censados únicamente 12.

“La existencia de un camino atenta contra los recursos y permite ingreso de extractores (cazadores, taladores), además de propiciar el cambio de uso del suelo”, aseveró Salazar.

Rónald Sánchez, director de la reserva por parte de la UCR, también expresó su malestar.

“La reserva no ha tenido la atención que debiera, por su ubicación y los beneficios que da al país. Aportamos gran cantidad de agua para los proyectos hidroeléctricos y oxígeno, la gente no ha entendido qué es conservación, ni cambio climático”, enfatizó.

La situación fue denunciada ante la Fiscalía, la cual realizó una inspección el 7 de abril junto a representantes de la Procuraduría, UCR y Minae.