La intimidación y el deber

 Prosiguen las denuncias sobre las amenazas recibidas por los jueces en el cumplimiento de su deber

 El ejercicio de la autoridad comporta riesgos, pero esta es la contrapartida en defensa de la institucionalidad

Los tres jueces del Tribunal Ambiental Administrativo tienen derecho a un ambiente de seguridad personal para llevar a cabo sus delicadas funciones. No se trata de un juego de palabras. Tan necesarias como las condiciones o circunstancias físicas, económicas o de calidad de vida para laborar, sin menoscabo de la salud y del equilibrio mental, son aquellas referentes al ambiente social, político o institucional, cuyo deterioro afecte la integridad personal y, con más razón, la propia vida.

Nos referimos a los tres jueces del Tribunal Ambiental Administrativo porque esta fue, hasta anteayer, la última noticia. En años anteriores, las amenazas contra otros jueces sobresaltaron al país y, pese a las precauciones adoptadas, no han terminado. Posiblemente, esta reacción delictiva proseguirá, mientras no amaine el desafío de la inseguridad ciudadana que, por lo dicho, ha penetrado todos los sectores y actividades del país.

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Es oportuno, por ello, referirnos también a la noticia del alumno del Liceo Salvador Umaña, en Ipís de Goicoechea, quien llegó a esta institución con un arma de fuego, el jueves pasado, para tomar venganza de algunas profesoras por la expulsión dictada contra él, dada su conducta peligrosa.

Los numerosos hechos recogidos en estos años ponen de manifiesto que no solo se trata de jueces sino de las personas que, por su profesión u oficio, deben ejercer la autoridad o, como en el caso de los testigos en un juicio, han de manifestar lo que vieron u oyeron. Aun por el cobro de una leve deuda o por el cobro de la tarifa debida al cliente en un taxi, la respuesta ha sido la violencia física e incluso la muerte. La consecuencia de esta cadena de reacciones, que dejan huella profunda en la sociedad, hasta conformar un patrón de conducta, es el arraigo del temor. Este se apodera de todos aquellos que, en cualquier forma, deben cumplir con su deber, con lo que, a la postre, triunfan la complacencia y la impunidad, y la inseguridad ciudadana sigue su marcha.

En el caso de los tres jueces citados, las amenazas o actos de intimidación, por medio de llamadas telefónicas, mensajes o seguimiento en las vías públicas a estos funcionarios o a sus familiares, coinciden con investigaciones o resoluciones en materia ambiental, concretamente proyectos hoteleros y habitacionales en el Caribe y en Guanacaste. No se ha probado una relación de causa a efecto entre ambos hechos. Tampoco, sin embargo, se puede desestimar un móvil tan concreto, máxime si se tienen en cuenta los elevados intereses financieros afectados y el hecho, tan grato y ejemplar, de que, en lo tocante al cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes en el campo ambiental, ahora se está actuando con mayor responsabilidad, en defensa de los recursos naturales y de los derechos de los habitantes.

El riesgo es, pues, muy elevado. La respuesta de los jueces ha sido ejemplar: “firmes en su labor, por encima de presiones y amenazas, directas o indirectas”. Este comportamiento merece el reconocimiento público, pero también el respaldo de las autoridades judiciales y de las instituciones públicas en el campo de la seguridad. No se deben escatimar esfuerzos ni recursos para dotar a los jueces y, en general, a todos los funcionarios amenazados, no importa su posición, así como a sus familias, de la protección necesaria, tanto más eficaz cuanto mayor sea la exposición al peligro. Sabemos bien que así se ha procedido, pero hemos de ser conscientes de que estas amenazas continuarán. Si se falla en esta tarea esencial, el edificio de la institucionalidad se derrumba.