Página Quince Fernando Durán Ayanegui

Ciudadanía y seguridad

 En ocasiones, el Estado y los políticos pueden resultar peores que los criminales callejeros

químico

El “yo soy yo y mi circunstancia” del filósofo español es excesivo si se refiere al ciudadano común y corriente, para quien el Estado es una circunstancia no necesariamente deseable, que se acepta como garantía más o menos difusa de que la ley del más fuerte será atemperada en medida suficiente como para que la vida en comunidad resulte más o menos tolerable.

Con tal de poder disfrutar, sin temor y con un mínimo de satisfacción, de la vida y de no muy abundantes bienes materiales, el ciudadano de a pie acepta, incluso, que los políticos roben del erario, mientan y sean incompetentes, y hasta que el crimen organizado se sirva de esos mismos políticos, aunque en último resultado tal aceptación convierte la cita orteguiana en un complicado “ellos son yo y yo no soy ni mi circunstancia”. La mayoría de los individuos terminan considerando aceptable aquello que el poder político les ofrece, aun cuando se trate de algo humanamente intolerable.

Caso de Nueva Orleáns. Recordemos el huracán Katrina. Hacía mucho tiempo que los expertos habían advertido que una gran extensión de la costa del sur de los Estados Unidos resultaría vulnerable frente al impacto de un huracán de gran magnitud; pese a esto, las autoridades federales continuaron disminuyendo los fondos destinados al reforzamiento de las medidas de prevención de inundaciones, y las estatales absteniéndose de dar las voces de alerta que racionalmente se requerían. Sin embargo, al mismo tiempo se reforzaba, con el pretexto de combatir de manera más eficaz el terrorismo y la delincuencia común, la capacidad represiva de los “cuerpos de seguridad”.

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Esta amenazadora situación les parecía normal, o al menos tolerable, a los habitantes de Nueva Orleáns, quienes, preocupados por la posibilidad de perder sus vidas o sus bienes como consecuencia de un atentado terrorista o un asalto callejero, clamaban por más vigilancia policial y por el endurecimiento de las leyes penales.

Muy poco se preocupaban porque, con su negligencia criminal, los gobiernos estatal y federal estaban preparando el más destructivo y mortífero atentado contra las vidas y los bienes de millones de personas. La aparición del huracán Katrina equivalió a poner en manos de esos gobiernos miles de armas letales que apuntaban hacia los hogares y los corazones de los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Para estos, su circunstancia estaba encarnada en un Estado cuasi criminal, más bien promotor de la inseguridad.

Milagro latinoamericano. El caso de Nueva Orleáns resultó comparable a lo que ocurre en algunos estados latinoamericanos, en los que la estridente demagogia de los políticos en torno al tema de la seguridad ciudadana se centra en la militarización y la penalización, mientras se debilita la capacidad de respuesta social del Estado. Se deterioran, si no es que se inutilizan, la educación, pública, la salubridad y otras garantías sociales, de la misma forma en que diques, compuertas y drenajes se debilitaron en Nueva Orleáns.

De este modo, el Estado y los políticos, enemigos por omisión de la seguridad ciudadana, pueden resultar peores que los criminales callejeros.

Lo que ocurre en las ciudades latinoamericanas es un milagro: en ellas hay millones de personas que viven en condiciones similares a las que padecieron, durante un corto período, los pobres sitiados en Nueva Orleáns, sin que los saqueos, que sí se produjeron en Luisiana, se hayan iniciado. ¿Hasta cuándo durará ese milagro latinoamericano?