Subasta de matrimonios

 Los matrimonios planificados por mafiosos y notarios hieren en lo más hondo la dignidad nacional

 La falta de reacción, pese al sinnúmero de denuncias, ha llevado este negocio a niveles insuperables

El artículo 52 de nuestra Constitución Política dice así: “El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”. Una legión de notarios y una red de mafiosos han modificado radicalmente, al amparo de la más amplia y generosa impunidad, esta norma constitucional. La institución del matrimonio, en estas condiciones, se ha convertido, desde hace años, en baldón para nuestro país y en la llave o subasta más eficaz y rápida para lograr la residencia o la ciudadanía costarricense.

El relato publicado anteayer por el periodista Otto Vargas, en La Nación , describe con datos y testimonios inequívocos la magnitud de esta vergüenza nacional, en la que los costarricenses, por indolencia, hemos terminado por ser cómplices y favorecedores. No es posible que, tras tantos reportajes de denuncia, sigan funcionando a sus anchas las redes y mafias de este vil negocio que, tal como se consuma, mercadea la dignidad y la libertad de las personas, generalmente de los estratos más necesitados del país, hasta reducirlos, en muchos casos, a un verdadero estado de servidumbre.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

El reportaje citado nos informa que no solo son las personas pobres las que conforman “el mercado” de los fabricantes de matrimonios. También los drogadictos y los enfermos mentales han pasado a ser el “nicho” favorito y más a la mano de notarios y mafiosos, quienes, en los búnkeres, donde se refugian estos enfermos, han celebrado sus logros.

Esta práctica inmoral toca, directamente, valores básicos de una sociedad que se precie de civilizada. Primeramente, la dignidad de las personas. Pocas veces hemos contemplado los costarricenses un espectáculo tan degradante para hombres y mujeres como este tipo de matrimonios. En segundo lugar, como expresamos, la institución del matrimonio, célula de la sociedad, ha pasado a ser simple instrumento de degradación y de comercio de seres humanos, del negocio del narcotráfico y, como hemos leído en estos días, hasta de recurso de las FARC y del narco para extender sus redes.

“Por la vía de los matrimonios por poder se registraron 1.242 matrimonios con colombianos”. Entre ellos el del jefe guerrillero, terrorista consumado, Martínez Quinto. Así lo manifestó, la semana antepasada, el exministro Fernando Berrocal en la Asamblea Legislativa ante la Comisión Investigadora FARC-narcotráfico. En tercer lugar, “el tema de la fe pública se ve traicionado”, como expresó el director de Migración, Mario Zamora, luchador sin tregua contra esta patología social.

Esta referencia a los abogados notarios es fundamental. Estos han sido y son pieza básica para el desarrollo y florecimiento de este tráfico. Y no se trata de unos pocos notarios. Estos figuran en toda clase de negocios ilícitos donde su firma o su protocolo es imprescindible. El descrédito de esta profesión ha llegado a un nivel insuperable, lo que, al parecer, tampoco importa. El dinero fácil, por cualquier medio, a costa de la dignidad de las personas, es la suprema aspiración. Esta es una cuestión que, de una vez por todas, debe ser enfrentada por las autoridades académicas, por los diputados y por el Gobierno. Se trata de una falla estructural de orden ético que, por su amplitud, merece la máxima atención… y decisión.

Los aspectos dichos convergen en una observación fundamental: la tardanza o inacción oficial y social frente a estos hechos, negación de los valores, de los derechos humanos y de las instituciones primordiales del país. No hay razón alguna que justifique que denuncias de este calibre sigan sumiendo al país en el oprobio, sin una reacción pronta y diligente para levantar muros de dignidad contra la facilidad legal con que estos grupos mafiosos pueden desenvolverse. Se ha llegado a tal punto que, como expresamos anteriormente, la inacción se ha trocado en complicidad nacional.