Leyes del TLC estrenaron mecanismo

‘Vía rápida’ pasó la prueba y gana confianza en Congreso

 Legisladores dicen que es buena opción pero sin uso indiscriminado

 Plan fija plazos de votación al limitar mociones y uso de la palabra

El procedimiento de “vía rápida” para aprobar leyes pasó la prueba de fuego en la Asamblea Legislativa al sacar adelante los proyectos del TLC, pese a una fuerte oposición y sus miles de mociones.

Por ese logro, los diputados la ven como una herramienta muy útil, sobre todo para proyectos de “de desarrollo” o de contenido social que están en la mira.

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La “vía rápida” es un procedimiento introducido en el artículo 41 bis del Reglamento Legislativo en 1999. Solo se aplica a un proyecto si 38 diputados lo deciden.

Básicamente, consiste en fijarle un plazo de votación a un proyecto de ley, por lo tanto, limita el tiempo de discusión de las mociones o enmiendas presentadas.

En el caso de las leyes de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana redujo a unas 23 ó 24 sesiones un proceso que, en otras condiciones, tomaría meses o años.

El mecanismo recibió el respaldo de la Sala Constitucional al no encontrar “vicios sustanciales” de procedimiento cuando resolvió consultas sobre proyectos del TLC.

Francisco Antonio Pacheco, presidente del Congreso, es el que más fe le tiene al mecanismo. Para él, los 38 votos necesarios para aplicarlo representan un filtro y demuestran consenso.

“Me ha gustado mucho oír a diputados de varios Partidos considerando esta vía para proyectos de interés social”, dijo el jerarca.

Ese fue el caso de Francisco Molina, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), que ve con un acto de justicia que si se apuró la agenda del TLC, también se apure la agenda de desarrollo.

Para la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lorena Vásquez, la “vía rápida” es una guía para reformar el procedimiento ordinario de la aprobación de las leyes.

Según la materia. El artículo 41 bis prohíbe el uso de la “vía rápida” en proyectos de ley cuyo objetivo sea crear o aumentar impuestos, vender activos del Estado o fijar penas de prisión.

Tampoco se usa en reformas constitucionales, tratados públicos y convenios internacionales.

En criterio de Rafael Madrigal, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), la “vía rápida” también debería descartarse para proyectos que implican un “cambio estructural” o cambio de modelo.

Por ejemplo, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros que abrió una actividad, que estuvo en manos del Estado por 84 años.

“La ‘vía rápida’ es un buen instrumento pero su aplicación no debería ser indiscriminada”, afirma.

Mario Quirós, legislador del Movimiento Libertario, es más radical y solo justifica usar el procedimiento en reformas “coyunturales”.

Su desconfianza se debe a que al reducir el tiempo de discusión de mociones, la “vía rápida” disminuye los derechos de enmienda y uso de la palabra de los diputados. También reduce el derecho de los ciudadanos a reaccionar.

“Si las mociones son solo simbólicas, que no se discutan. Si no se puede hablar, para qué tener Asamblea”, cuestionó Quirós.