Caso de Compensación Social

Jueza mantuvo relación con imputado durante juicio

 Funcionaria hizo 200 llamadas a Jorge Martínez en horas no hábiles

 Inspección Judicial ordenó despido, pero Sala IV anuló la sanción

La jueza Damaris Soto Pérez, del caso de Compensación Social, mantuvo una “relación estrecha” de amistad y una “constante comunicación telefónica” con el imputado Jorge Martínez Meléndez, durante el juicio en el que ella era jueza titular, en el 2005.

El Ministerio Público y la Inspección Judicial descubrieron que del teléfono celular usado por la Jueza se realizaron más de 150 llamadas a teléfonos públicos del centro penitenciario donde estaba recluido Martínez Meléndez.

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También encontraron casi 50 llamadas realizadas desde el mismo celular a teléfonos registrados a nombre del abogado defensor y del hermano del acusado, Ricardo Barahona Montero y José Miguel Martínez Meléndez, respectivamente.

200 llamadas. En total, hubo comunicación telefónica más de 200 veces entre diciembre del 2005 y enero del 2006, en horas y días no hábiles y durante el cierre de vacaciones del Poder Judicial, de acuerdo con un rastreo telefónico ordenado por la Fiscalía.

Algunos días se hicieron tres o más llamadas en horas de la mañana, la tarde y la noche, y algunas conversaciones duraron hasta 40 minutos.

La jueza Soto admitió ante el fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, y ante dos jueces “haber mantenido una constante comunicación telefónica” con el imputado.

Así lo afirman Dall’Anese y dos jueces en testimonios dados bajo juramento ante la Inspección Judicial sobre una reunión convocada por el Fiscal General en febrero del 2005, en la cual confrontó a Soto con los resultados del rastreo.

Ante una consulta de La Nación sobre la razón de las llamadas, la Jueza respondió que no las hizo y negó que ella admitiera haberlas hecho. “Eso no es cierto”, aseveró.

Cuando se le consultó por qué aparecieron esas llamadas en el rastreo, cortó la comunicación.

Un día después de la reunión con el fiscal y los dos jueces, Soto presentó una incapacidad psiquiátrica por más de 10 días, la cual obligó a la Corte a anular el juicio.

La Fiscalía investigó el caso tras recibir una denuncia anónima y luego lo trasladó al presidente de la Corte, Luis Paulino Mora.

“Soto admitió tener un vínculo de amistad –no pasional– con el imputado Jorge Martínez, al tiempo de aceptar que ha sostenido un intenso intercambio telefónico para hablar de asuntos personales y familiares”, informó Dall’Anese a Mora en una carta.

Falta gravísima. El presidente de la Corte envió la denuncia a la Inspección Judicial para iniciar un procedimiento disciplinario.

En noviembre del 2006, el tribunal de la Inspección, compuesto por tres personas, concluyó que la juzgadora incurrió en una “gravísima falta” y recomendó aplicar la máxima sanción laboral, revocar su nombramiento.

“Lo prudente era que doña Damaris no tuviera ningún tipo de acercamiento con el imputado Jorge Martínez Meléndez para que su actuación ni siquiera pudiera ser cuestionada”, señalaron.

El documento agrega que Soto “procedió en forma totalmente imprudente (…) comprometiendo con ello la imparcialidad que siempre debe observar la Administración de Justicia”.

La resolución podía ser apelada ante el Consejo Superior del Poder Judicial, pero la Sala Constitucional la anuló en marzo del 2007, antes de que este se pronunciara.

Objetividad. En el proceso disciplinario, la funcionaria rechazó los hechos que se le señalaban y no explicó el porqué de las llamadas.

Únicamente aseguró: “No se dieron actuaciones para beneficiar o perjudicar indebidamente a ninguna de las partes. Siendo así, no existió ninguna parcialidad o pérdida de objetividad de mi parte”.

De acuerdo con el expediente, todas las decisiones tomadas por ella y los otros dos juzgadores que integraban el tribunal penal fueron unánimes y favorables a las peticiones planteadas por los fiscales del Ministerio Público.

Los dos jueces que integraron el tribunal penal al lado de Soto dijeron, en sus declaraciones ante la Inspección Judicial, que no sabían de las llamadas. Ambos coincidieron en que su compañera debía inhibirse de juzgar el caso.

“Yo realmente si me hubiera percatado de alguna irregularidad de parte de la licenciada Damaris Soto con Jorge Martínez, como se indicaba en ese informe (de la Fiscalía), le hubiera solicitado de inmediato la inhibitoria”, aseguró la jueza Isabel Porras, quien entonces presidía el tribunal.