Juan Manuel Campos Ávila | juan.m.campos@ciberregulacion.co.cr

Los retos del ICE

 El ICE contratará red móvil de tercera generación sin estudio de mercado...

Asesor en telecomunicaciones

El mercado de telecomunicaciones del país se abrirá en el corto plazo como una derivación del mandato popular al haberse aprobado el tratado de libre comercio con Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como Cafta.

Han pasado ya cerca de 15 años desde el célebre fallo que sacó a Millicom de Costa Rica y a lo largo de estos tres lustros el país vivió huelgas, colapsos de vías públicas, descontento popular y una trama de corrupción como nunca la pudimos siquiera haber imaginado.

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El debate de fondo se centró en dos tesis contrapuestas. Por un lado, la de los estatistas que vieron que la provisión de servicios por parte del estado es el camino hacia la solidaridad.

Por el otro lado, el de aquellos –entre los que me incluyo– que luchamos por hacer cumplir la Constitución Política para que tanto el capital privado como la inversión pública pudiesen explotar los servicios inalámbricos temporalmente, mediante contratos de concesión también dentro de un marco de solidaridad general.

ICE ¿preparado? Recorrido todo este camino y analizada en perspectiva la situación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de cara a la apertura del mercado, muchos nos preguntamos si la institución emblema del sector público costarricense estará preparada para enfrentar los retos que impone la nueva regulación.

La respuesta tiene un cierto sabor agridulce, si observamos con detenimiento las herramientas legales con las que contará el ICE.

Es satisfactoria en vista de que las modificaciones acordadas respecto a dicho ente le suministrarán recursos excepcionales, trámites acortados en materia de contratación administrativa, amplia posibilidad de alianzas estratégicas, exclusión de controles y como modelo de legislación no lo tiene ninguna institución autónoma del Estado.

De ahí que se vuelva urgente una reforma constitucional del artículo 182 de la Constitución Política para que empresas similares al ICE también puedan contar con una legislación apropiada.

Ese sería el caso de entidades como los bancos públicos, el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que están dentro del giro de actividad pública económica del Estado.

Dudas. Sin embargo, la duda nace cuando observamos cómo se corre por contratar una red móvil de tercera generación en la que se invertirán más de 200 millones de dólares, sin estudio de mercado.

Además, esta será la quinta infraestructura móvil de un operador (hasta hoy) monopolístico (caso único en el mundo).

No entendimos por qué no se optó por una solución más barata, como una migración suave de los sistemas GSM actuales o bien una sustitución de las redes TDMA.

La situación se vuelve crítica cuando vemos que el ICE tendrá no solo que pagar un canon anual por uso de espectro radioeléctrico que grava la cantidad de frecuencias utilizadas, los servicios operados, la densidad poblacional atendida entre otros elementos.

También abre la red del ICE al desagregarla obligándole a alquilar espacio en torres, suministrar energía eléctrica, ductos, bajo servicio al costo a cualquier operador que lo demande.

Se puede entender bien una decisión de adquirir una nueva red al amparo de un régimen monopolístico, pero, al abrirse el mercado, las decisiones se vuelven más sensibles y más estratégicas.

Esperemos que el triunfador de todo esto sea el usuario. Las empresas que llegarán al país ya saben cual es su oficio y se alegrarán indudablemente de que se les incremente la cantidad de sitios que pueden solicitarle al ICE para colocar ahí sus equipos al mas bajo costo. Estas empresas ya han vivido de experiencias en ambiente en competencia. Ojalá que el ICE aprenda rápido y que tome las decisiones acertadas.