Un diálogo imperativo

 Tras el triunfo autonómico en Santa Cruz, se impone la negociación en Bolivia

 El Gobierno de Evo Morales debe reducir, no exacerbar, las fracturas nacionales

Tras el contundente triunfo, el domingo, del estatuto autonómico en el referendo realizado en el departamento de Santa Cruz, el más rico de Bolivia, su presidente, Evo Morales, está ante una disyuntiva crucial: o se mantiene en su obstinado desconocimiento del proceso y, por ende, en un curso de colisión con un altísimo potencial de conflicto, o se abre, desde la aceptación de los resultados, a una negociación con todas las regiones autonomistas y con la oposición, para buscar una solución estable a la inestabilidad del país.

El referendo sobre la autonomía cruceña se precipitó como consecuencia de la forma en que Morales y su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), desconocieron las reglas del juego de la Asamblea Constituyente y aprobaron una versión de Constitución sin la participación opositora, la cual, según sus pretensiones, es la que se presentará a una próxima consulta popular.

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En ese texto, entre otras cosas, se opta por un modelo centralista de Estado y por una serie de cambios institucionales que preocupan a varios sectores nacionales, pero, mayoritariamente, a la población de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, los más productivos del país. Como reacción a la imposición del Gobierno, el primer referendo autonómico se celebró el pasado domingo, y a este seguirán tres más, en junio.

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, la participación fue del 74%, 24 puntos porcentuales más que el mínimo del 50% establecido para que su resultado tuviera validez; de ese total, poco más del 85% votó a favor del estatuto autonómico. Es decir, se trata de un proceso con enorme grado de legitimidad y que refleja la amplitud y solidez de los reclamos cruceños.

Sin embargo, lejos de leer como corresponde el mensaje de este proceso, el presidente Morales se ha empecinado en restarle legitimidad, porque, según él, la modalidad de convocatoria y el abstencionismo del 36% lo tornan inválido.

Desde esta posición, totalmente desconocedora de las reglas democráticas, su llamado al diálogo con los prefectos (gobernadores) departamentales ha perdido verdadero sentido, porque será imposible negociar en serio desde el desconocimiento de un hecho político de tan grandes dimensiones.

Si de algo han sido ejemplo este proceso y los movimientos gestados a su alrededor, no es solo del clamor por la autonomía (algo muy distinto al separatismo) en amplias zonas del país, sino también de la enorme fractura que afecta a Bolivia: entre la sierra y el llano; entre indígenas, mestizos y blancos; entre partidarios y opositores del MAS; entre quienes creen en la democracia representativa y la economía de mercado, y quienes desean imponer un modelo populista-autoritario; entre los más favorecidos y los marginados. Es decir, estamos ante un panorama de conflictos múltiples y confluyentes, ante los cuales un Gobierno responsable debería actuar como moderador, no como detonante.

Ser moderador, en estas circunstancias, no implica renunciar a las justas pretensiones de romper con la exclusión, desarrollar un Estado multiétnico, reducir las enormes desigualdades socioeconómicas y dar clara expresión política a sectores muy significativos, que habían permanecido al margen de las grandes decisiones del país. Tampoco implica renunciar a la Constituyente. A lo que debe conducir una actitud moderadora (y moderada) desde el Ejecutivo es a avanzar en esos ámbitos con un sentido de unidad nacional, de integración, de garantías para todos y de respeto para la oposición.

Hasta ahora, sin embargo, Morales ha optado por una mezcla de mensajes contradictorios y tendencias claramente impositivas. Los resultados del referendo deberían servirle para rectificar, por el bien de su gobierno del país. Parece difícil, dada su intransigencia, pero aún está a tiempo de hacerlo y evitar peores males.