Juicio contra el Estado de Venezuela

Periodistas venezolanas denuncian agresiones

 Relatan ataques de oficialistas, acoso y falta de protección de las autoridades

 El Estado asegura protege derechos humanos y libertad de expresión

Dos reporteras del canal de televisión venezolano Globovisión denunciaron ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos agresiones y hostigamientos, por parte de turbas afines al Gobierno, militares y organismos de la seguridad del Estado.

Ana Karina Villalba narró una serie de incidentes en los que fue insultada, amenazada por militares con armas de fuego y golpeada con palos por turbas oficialistas, sin que ninguna autoridad la protegiera o evitara las agresiones.

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Gabriela Perozo relató varios hechos en los que manifestantes oficialistas rodearon a equipos periodísticos de su emisora para agredirlos. En una de esas ocasiones uno de sus camarógrafos fue herido de bala en un pie.

“(Cubriendo manifestaciones oficialistas) Yo estaba narrando lo que estaba sucediendo allí. Una persona se acercó y me echó un gas en el rostro y a mi camarógrafo comenzó a rociarlo y a rociarlo”, declaró Perozo. Ellas declararon ante la Corte, como parte de un grupo de 44 periodistas y técnicos de Globovisión que presentaron una demanda contra el Estado venezolano por considerarse víctimas de actos de hostigamiento, persecución y agresiones sufridas desde el 2001. El grupo de trabajadores de Globovisión alega violaciones a sus derechos a la integridad personal, garantías judiciales, libertad de expresión y protección judicial.

Garantías. Un testigo del Estado venezolano, y funcionario de la Defensoría del Pueblo de ese país, Olmán Solórzano, enfatizó que los cuerpos de seguridad venezolanos tienen claras instrucciones de defender los derechos humanos, pero admitió la posibilidad de que excepcionalmente haya habido abusos.

Solórzano resaltó que en cualquier acto político la Defensoría del Pueblo despliega acciones para proteger los derechos humanos de participantes y periodistas.

Una experta presentada por el Estado venezolano, la fiscal Alis Fariña, explicó que la legislación de Venezuela tiene garantías suficientes para garantizar los derechos fundamentales así como para investigar y sancionar a los culpables de los abusos.

El agente del Estado de Venezuela para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, dijo que su Gobierno es respetuoso de la libertad de expresión aunque los medios de comunicación difundan “información parcializada” y promuevan “la rebeldía y la insubordinación”.