Otra vez, a correr…

 Por desidia o por desorden Costa Rica podría quedar fuera del bloque antiterrorista mundial

 Desde hace seis años el país debería contar con la legislación penal correspondiente sobre el terrorismo y el lavado de dinero

Queda a cargo de los especialistas respectivos determinar si el incumplimiento de compromisos internacionales, de parte del Estado costarricense, encuentra su causa en problemas psicológicos, intelectuales, morales o políticos de los funcionarios o de los legisladores. En este campo hay material en abundancia. Lo cierto, sin embargo, es que la petición de prórrogas, ante las instancias correspondientes, no es motivo que honre a nuestro país.

Este es un disco rayado. Bien conocemos el episodio más reciente: el TLC. Mientras los demás países cumplieron a cabalidad, Costa Rica, enfrascada en discusiones sin fin, volvió a sus andadas. Tuvo que tocar puertas ajenas para que le dieran un tiempo más para ingresar y tomar asiento. Ahí están también los numerosos empréstitos solicitados y por los que hemos pagado altas comisiones por no haber cumplido. Ahí están las carreteras inconclusas iniciadas hace unos 30 años o la construcción de puentes… sin carreteras. Ahí está el proyecto de ley sobre los hidrantes, engavetado por siete años y que, ahora, según dicen los que saben, deberá esperar 10 años más, si acaso, para que por ellos salga el agua y se puedan apagar los incendios.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

No aprendemos, sin embargo, la lección y seguimos tropezando varias veces en la misma piedra, aunque, en esta oportunidad, a juzgar por la información de anteayer de La Nación , no se trata de una piedra, sino de una mole. Según dicha noticia, “en pocos días Costa Rica sería suspendida del grupo de países que luchan contra el terrorismo y el lavado de dinero porque aquí esas actividades no constituyen delito”. En efecto, hace seis años, el Grupo Ermont, compuesto por 106 países firmantes, en 1995, de un acuerdo para combatir estos delitos, advirtió que urgía legislar para garantizarle a la comunidad internacional que Costa Rica estaba alineada en esta lucha, uno de los desafíos, junto con el narcotráfico, más apremiantes y graves en el mundo. Por otra parte, Costa Rica, pese a ser miembro del Consejo de Seguridad, no ha cumplido con la resolución 1373 de la ONU, aprobada tras el atentado terrorista del 11 de setiembre del 2001. Esta resolución obliga a la tipificación interna de estos delitos.

Y, una vez más, ante situaciones parecidas, los responsables de estas decisiones se trenzan en una polémica para determinar de quién fue la culpa: ¿el Gobierno o la Asamblea Legislativa, representada por la Comisión de Narcotráfico? No nos corresponde impartir justicia. Lo cierto es que no cumplimos en materia tan grave y que, por tercera vez, tenemos que pasar por la vergüenza de pedir otra prórroga, además de sufrir las consecuencias de esta inobservancia. No tendremos acceso a las redes de información mundial, que suministran los datos sobre personas físicas y jurídicas que se investigan. Se deteriora, además, el prestigio del país, lo que, en vista de los reiterados incumplimientos, al parecer poco importa.

Se limita también la cooperación de Costa Rica con los miembros de la OEA, en aplicación de los compromisos contraídos ante el Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte). Exhibimos nuestra incoherencia ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), que nos obliga a mejorar las medidas de control de armas de fuego y lavado de dinero. Tampoco el país será parte de la red de información internacional del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Capitales (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), que, irónicamente, preside Costa Rica.

¿Por qué ocurren estas cosas? Su reiteración prueba que no se trata de un descuido, sino de la falta total de planeamiento y de coordinación, de tal suerte que, con el advenimiento de un nuevo Gobierno, los funcionarios y los diputados, en lo que les concierne, se enteren por dónde vamos y cuáles son nuestras obligaciones. Sin este orden elemental el país está expuesto a ocurrencias, a duplicaciones, a gastos innecesarios y, como en este caso, a hacer el ridículo.