El juicio de Pavel S.

Oliver Lewis es director ejecutivo del Centro de Defensa de la Discapacidad Mental, la organización de derechos humanos que representó a Pavel Shtukaturov ante la Corte Europea de Derechos Humanos

ESTRASBURGO – En un día de invierno de 2004, un joven ruso llamado Pavel Shtukaturov descubrió que un juez lo había privado del derecho a hablar por sí mismo. Privado de capacidad legal, le impidieron actuar de manera independiente, o como fuera, en la mayoría de los aspectos de la vida. Ya no pudo trabajar, viajar, elegir su lugar de residencia, comprar o vender propiedades o incluso casarse.

El juez le quitó estos derechos sin ni siquiera informarle –por cierto, Pavel sólo lo descubrió un año después–. Cuando buscó un abogado para defender sus derechos, su madre, quien había sido nombrada su tutora legal, lo hizo encerrar en un hospital psiquiátrico durante siete meses. Este giro kafkiano de los acontecimientos fue posible porque Pavel tiene problemas de salud mental en un sistema que se niega a proteger sus derechos.

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En Rusia, aproximadamente 125.000 personas con discapacidades mentales están confinadas en instituciones –de por vida–. Existen otras 165.000 camas en hospitales psiquiátricos, con unas 650.000 hospitalizaciones por año. Pero estas estadísticas no cuentan la historia real. Solo rara vez historias como la de Shtukaturov salen a la luz. Es sorprendente lo poco que se sabe del tratamiento de la gente con problemas de salud mental en Rusia.

No existen cuerpos de inspectores independientes que supervisen estos hospitales para proteger los derechos de los pacientes y no hay servicios de defensoría en nombre de la gente con discapacidades mentales. Es más, la mentalidad de muchos directores de hospitales es tan cerrada como las instituciones mismas. De modo que la victoria de Shtukaturov ante la Corte Europea de Derechos Humanos el 27 de marzo da esperanza de que se haya alcanzado un punto de inflexión.

El gran triunfo. En 2004, cuando Shtukaturov de casualidad descubrió la decisión del juez, buscó en Google la manera de llegar al único abogado en Rusia que trata temas referidos a la salud mental y los derechos humanos. El abogado aceptó representarlo. Pero, cuando luego fue internado en un hospital psiquiátrico, el Gobierno ruso se negó a permitirle al abogado tener acceso a su cliente. Las apelaciones en las cortes rusas fracasaron y el hombre presentó un caso ante la CEDH en marzo de 2006.

La corte determinó que la dolorosa situación de Pavel violaba varios artículos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, del que Rusia es firmante. Este es el primer caso en que la CEDH se ocupó seriamente de la privación de la capacidad legal, la cual muchas veces facilita los abusos en lugar de proteger a la gente de ellos.

Según la Corte, privar a alguien de la capacidad legal constituye una interferencia “muy seria” del derecho de una persona a la vida privada. En Rusia, la única opción legal en estos casos es la “custodia total”, que se aplica indefinidamente y no puede ser disputada por el adulto en cuestión. La Corte dictaminó que la custodia total era una respuesta “desproporcionada” en el caso de Shtukaturov y su sentencia reconoció la importancia de proporcionar alternativas personalizadas para la gente que requiere una atención temporaria o a largo plazo.

Los legisladores rusos deberían seguir el ejemplo de la decisión de la CEDH y trabajar para crear en la ley y la práctica rusas mecanismos alternativos como directivas anticipadas, instrumentos legales y apoyo en la toma de decisiones. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –un nuevo tratado sobre derechos humanos que Rusia ayudó a redactar, pero que todavía no ha firmado– exige estas alternativas y representa una oportunidad para que Rusia haga reformas cruciales sobre derechos humanos en esta materia.

La historia de Shtukaturov es única sólo porque él pudo encontrar la manera de llegar a un abogado. La CEDH ya aclaró el camino para las decenas de miles de otras personas en Rusia que sufren abuso en manos del propio sistema de salud mental que supuestamente está para ayudarlas. Al asumir el cargo, el nuevo presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, debería ordenar un proceso de revisión independiente para ayudar a poner fin al patrón de estigmatización y discriminación del país contra las personas con discapacidad.