Acierto en los nombramientos

 La elevada calidad moral e intelectual de los funcionarios refuerza la credibilidad del Gobierno

 En materia de nombramientos para cargos relevantes la sola duda razonable señala el camino

La renuncia de un funcionario público, encargado del consulado general de Costa Rica en Nicaragua, puede ser una noticia rutinaria. Sin embargo, si la renuncia no fue espontánea, sino solicitada por sus superiores, tras una investigación, en vista de faltas significativas cometidas en el ejercicio del cargo, el asunto adquiere otra dimensión. La renuncia, en estas condiciones, abarca necesariamente las razones de su nombramiento y, por la reiteración de hechos parecidos, la cuestión del empleo público, internamente o en el servicio exterior.

En cuanto al servicio exterior, el nombramiento de cónsules en algunas ciudades “privilegiadas”, por el número de visas y pasaportes otorgados o por los documentos autenticados, se convirtió, a la postre, en una verdadera rapiña política, al calor de la ley 3872 de mayo de 1967, que fijó un descuento del 20% del valor de los timbres a favor de los cónsules que los adquirían. Luego, por decreto legislativo número 8303 del 29 de agosto del 2002 este beneficio se redujo al 5%. El Gobierno actual eliminó el uso de timbres, a partir de setiembre del 2007, hasta agotar su existencia. Una resolución atinada.

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Algunos números son elocuentes. El consulado de Managua fue, por razones obvias, el más apetecido en el mundo. Otros disfrutaron de igual suerte, aunque con ingresos menores. En el 2007 se otorgaron alrededor de 160. 000 visas a $20 cada una. Si el número de visas concedidas en el 2006 (cuando estaba vigente el beneficio del 5%), hubiese sido similar al del 2007, le habrían generado al cónsul un ingreso correspondiente al 5% de $3.200.000, además de su salario mensual, en su primer año de labores. Si el número de documentos tramitados por el consulado, como legalizaciones para residencia, hubiesen sido 10.000, en el 2006 y el 2007, el cónsul habría recibido también $20.000 ese año, según el arancel consular y el descuento del 5%. No hay duda de que un ingreso anual que bien podría acercarse, en total, a más de $200. 000, dados otros trámites, convertía a un consulado como el citado en el mejor filón político del país, y a los benefactores del funcionario, en padrinos sin parangón.

Hubo, entonces, al amparo de las leyes citadas, una discriminación brutal en los consulados de Costa Rica. Las ventajas eran tan elevadas que algunos Gobiernos pasados relevaron cada año a los cónsules en Managua para favorecer a más partidarios. Razón de sobra tuvo, entonces, Víctor Láscarez para confesar públicamente, una vez nombrado, en el 2006, que este consulado le sería muy provechoso para sus menguados recursos. Posiblemente, esta generosidad política lo indujo a un descuido inaceptable en el ejercicio del cargo: utilizó su vehículo con placas diplomáticas para cruzar la frontera de Peñas Blancas y trasladar a Costa Rica a dos extranjeros, por separado, un ciudadano libanés y un jordano, además de solicitar una visa para ellos. Esta conducta, que pudo haber afectado la seguridad nacional, mereció la censura de la Comisión de Ética del Gobierno.

Todo lo expresado anteriormente da lugar a recordar principios elementales: primero, la responsabilidad ( in eligendo ) que cabe a los funcionarios en el nombramiento de los servidores públicos y, por lo tanto, su obligación legal y moral de valorar sus antecedentes personales; segundo, el imperativo de separar los intereses personales, político-partidistas, de amistad o de compadrazgo, de la función pública; tercero, la obligación de separar de la función pública a quienes, sin importar este tipo de relaciones, no cumplen a cabalidad o han actuado, en el presente o en el pasado, de forma tal que afecten la credibilidad del Gobierno o del cargo, así como la realización de sus políticas. En este sentido, la separación del presidente del Consejo Nacional de Producción, esta semana, fue correcta. La confianza en los valores éticos y en la capacidad de los funcionarios, sobre todo de los de más alta jerarquía, debe mantenerse en el nivel más elevado. Esta fue una promesa preclara en el discurso presidencial del 8 de mayo del 2006. Nos conviene a todos.