¿Negligencia, o debilidad institucional?

Viceministra Desarrollo Social

El editorial de este diario del pasado martes (29/4/08) se refiere al problema de los montos que adeudan los patrones morosos y que afectan principalmente a la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF). Dicho editorial acierta en cuanto a los efectos que tiene esta situación: resta recursos a la acción pública para luchar contra la pobreza.

Simplificaciones. Sin embargo, muestra un considerable desconocimiento acerca de sus causas. Según su criterio, la cosa es bien simple: todo es producto de la negligencia en la Administración pública. Espero que no estemos ante el recurso a la crítica fácil del sector público para enfrentar los problemas del país. En todo caso, creo que estaremos de acuerdo en que hay veces que la simplificación de las cosas presenta un alto riesgo de desorientar la opinión pública.

Por ejemplo, con ironía, el citado editorial muestra sorpresa de que el vacío legal que afecta a DESAF se quiera enfrentar creando una comisión. Desde luego, no soy partidaria de la proliferación de comisiones, pero siempre será mejor una comisión interinstitucional que la ausencia de toda instancia de coordinación, que es la situación que heredamos (y desafortunadamente no solo en este asunto). Por cierto, que este problema no se ha enfrentado solo con reuniones de la comisión, sino con un curso de decisiones institucionales que ya han logrado encarar efectivamente el problema.

Desorden acumulado. En realidad, no es negligencia o desidia lo que abunda entre los funcionarios y funcionarias que laboran en el Sector Social y de Lucha contra la Pobreza. Mi juicio es que el principal problema es sistémico: se refiere al desorden acumulado. Más aún, soy testigo de la conciencia y las ganas de trabajar existentes en este sector cuando se plantea introducir orden y concierto en su estructura y funcionamiento.

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Hay que decirlo con franqueza: el desorden acumulado en la lucha contra la pobreza no es una responsabilidad principal del Poder Ejecutivo, sino del conjunto de los poderes públicos y del sistema político. ¿Cuál es la razón de que existan 42 programas sin coordinación efectiva, la mayoría de ellos sin una sólida ficha técnica y con sistemas de seguimiento sumamente precarios? Es cierto que el órgano ejecutivo ha tenido por décadas mucha responsabilidad al respecto, pero también lo es que las iniciativas espontáneas y sin visión de conjunto surgidas desde la Asamblea Legislativa han complicado enormemente la situación. Parece evidente que en este ámbito las buenas intenciones, como reza el conocido adagio, pueden empedrar caminos indebidos.

Al comienzo de este gobierno discutimos cómo enfrentar la pobreza, al mismo tiempo que el desorden heredado. Por un lado, estaba la opción de centrarse en la acción directa, principalmente mediante programas sociales selectivos, sin detenernos demasiado en la reorganización institucional. Por el otro, la opción de enfrentar desde el principio el ordenamiento del sector, incluyendo la cuestión de crear una autoridad social competente (algo que la Contraloría reclama insistentemente). Pensamos que podíamos combinar ambas opciones y nos pusimos a trabajar.

Asignatura pendiente. Los resultados del primer año de acciones directas ya mostraron sus frutos en cuanto a la reducción de la pobreza. Pero nuestra asignatura pendiente, como país, sigue siendo el ordenamiento del sector y el fortalecimiento de las competencias de coordinación. Sin alcanzar este objetivo estratégico, los esfuerzos directos serán pan para hoy y hambre para mañana.

De nuestra parte, ya hemos cumplido con la tarea de diseñar el proyecto de ley que enfrenta de una vez el ordenamiento del sector y la debilidad institucional. Pronto la Asamblea Legislativa tendrá oportunidad para resolver con urgencia este nudo que entraba la acción estratégica contra la pobreza. Relacionando ese asunto con la solución del problema de DESAF, el citado editorial afirma: “Esto debería surgir de una reforma puntual para no tener que esperar la discusión de proyectos sobre los que puede haber grandes diferencias que conduzcan a la parálisis”.

Podría llegar a ser una opción posible, pero siempre y cuando no entrañe ese vicio tan extendido, que parece ahora contagiar a los medios de comunicación: la inclinación al parche. Y no es más parches lo que necesita la acción pública contra la pobreza, sino una solución articulada, que comprenda un sistema de gestión integrada y una rectoría estable y congruente creada por ley.