Página Quince. Eduardo Ulibarri

SOS por los derechos humanos

 La OEA y sus miembros deben dar mayor apoyo a la CIDH

Periodista

Paolo G. Carozza, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha lanzado un mensaje de urgencia a la comunidad hemisférica. Es, también, una virtual denuncia.

En ambas dimensiones debe ser atendido, porque no solo están en juego la vida, la libertad y las garantías de muchas personas y grupos; también, un elemento básico para la vigencia de la democracia.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Al inaugurar, hace pocos días, su 131.° período de sesiones, en Washington, Carozza reveló la apretada situación financiera de la CIDH, que cada vez debe atender mayores necesidades con recursos que “no han crecido en la misma proporción”.

Su llamado lo reiteró José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la Comisión, quien contrastó su ascendente legitimidad con su insuficiente “capacidad administrativa y financiera”.

Peligroso descuido. Los datos les dan la razón. Además, revelan un peligroso descuido de la OEA y sus miembros hacia el fortalecimiento eficaz de los derechos humanos. Y esto ocurre a pesar de su importancia intrínseca y del visionario apoyo doctrinal que el Sistema Interamericano siempre ha manifestado hacia su vigencia.

En la actualidad, la OEA destina un modesto 4,6% de su presupuesto a la CIDH; en números redondos, $3,7 millones. Pero esta suma apenas alcanza para cubrir un poco más de la mitad de sus gastos. El resto proviene de otras fuentes, la mayoría (66%) de Estados u organizaciones fuera del hemisferio.

A ellas se unen aportes del Banco Interamericano de Desarrollo y de siete países americanos: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, República Dominicana y Venezuela, que, en conjunto, suministran el 44% de los fondos extras. Aun así, su presupuesto no está a la altura de los desafíos.

El apoyo de nuestro país ha sido en extremo modesto ($3.000 en el 2006), pero simbólicamente significativo.

La CIDH es la más antigua de las dos entidades que, oficialmente, constituyen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La otra es la Corte, un tribunal con sede en San José y jurisdicción sobre todos los países de América que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y que son la enorme mayoría.

Pero, a diferencia de la Corte, que solo puede conocer casos planteados por los propios Estados o elevados a ella por la Comisión, esta sí puede recibir, de forma directa, reclamos y denuncias individuales. Por esto, es la primera línea de combate a favor de las personas de carne y hueso que se consideran afectadas en su integridad o garantías.

Autonomía y acción. En el vigoroso desempeño de la CIDH no solo influyen sus obligaciones oficiales, asignadas desde que fue creada, en 1959, y luego ampliadas por la Convención. Tanta o mayor importancia tienen la gran independencia de que gozan sus siete miembros (elegidos cada cuatro años por la Asamblea General de la OEA), como el celo que la mayoría de ellos ha puesto en ejercerla.

Allí están, como testimonio de su impacto, las decenas de miles de casos recibidos y procesados por la Comisión, varios de ellos elevados a la Corte, su alto número de sesiones, muchas en países con problemas, sus bien fundamentados y valientes informes, sus claras denuncias y el desarrollo de principios y doctrinas que han calado profundamente en instancias judiciales y políticas.

A esa labor, como herramientas adicionales, se suman cinco relatorías sobre temas específicos: libertad de expresión, derechos de la mujer, pueblos indígenas, personas privadas de libertad y trabajadores migratorios y sus familias.

Palabras y realidades.- Tales aportes los conocen todos los miembros de la OEA. Además, desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, pasando por la Convención, la Carta Democrática Interamericana (del 2001) y muchos otros documentos, los países americanos no han cesado de resaltar la vinculación entre derechos humanos y democracia.

¿Por qué, entonces, desentenderse tanto de la Comisión, y también de la Corte, que padece limitaciones similares? ¿Será que, precisamente por su independencia y eficacia, muchos Gobiernos no desean darles más y mejores recursos e instrumentos de acción?

No es posible responder con certeza a ambas preguntas. Pero sí resulta evidente que, si la OEA asignara dos o tres puntos porcentuales más de su presupuesto a la Comisión, su impacto podría multiplicarse; otro tanto sucedería con la Corte.

Así, además de obtener beneficios inmediatos, los países hemisféricos podrían dar evidencia de que existe verdadera conexión entre sus palabras y los hechos que las respaldan; entre los avances conceptuales y reales en derechos humanos.