Fiscalía sin pruebas contra pareja herediana

Golfito, Puntarenas. El fiscal general, Francisco Dall’Anese, dijo ayer que el Ministerio Público no dispone, por ahora, de pruebas para acusar al matrimonio que resguardó en su casa de Santa Bárbara, Heredia, $480.000 propiedad de la guerrilla de las FARC.

El jerarca de la Fiscalía indicó que, de momento, las autoridades colombianas no le han rendido informe alguno.

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De ahí que aún no investigan si el matrimonio conformado por Francisco Gutiérrez Pérez y su esposa, Cruz Prado Rojas, incurrió en algún delito.

“He estado en contacto con el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, y no me ha hablado nada de la computadora (del fallecido comandante Raúl Reyes , donde se hacía referencia a l dinero).

“En su momento vino la Policía colombiana y nos pidió allanar una casa; hubo una solicitud de asistencia judicial. Por la prensa nos hemos enterado que es por una computadora”, comentó durante una actividad en Golfito, zona sur.

Petición. El ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, pidió a la Fiscalía actuar con vigor.

“Me parece, con todo respeto, que si el caso no se judicializa se le haría un daño enorme a Costa Rica. No puedo entender cómo es que uno guarda $480.000 de las FARC; es decir, de origen ilícito (...) y simplemente eso no se procesa.

“Eso sería como pensar que si alguien guarda en el país dinero de al- Qaeda tampoco es delito”, comentó el funcionario.

Berrocal lanzó fuertes cuestionamientos contra la pareja.

“Estoy convencido de que es muy fácil jugar al revolucionario desde la academia o la universidad. Lo que pasa es que para irse a la montaña, agarrar un rifle y hacer una revolución se necesitan (...) como los que tuvo José Figueres y los hombres del 48.

“Es muy fácil jugar a estas cosas y después decir no sé nada; no tenía información. Me parece que no es lo correcto. Cuando uno es intelectual y tiene posiciones diferentes, las sostiene”, declaró.

El Ministro consideró que si bien en el país aún no existe una ley que castigue aquí el financiamiento del terrorismo, la pareja debería enfrentar un proceso por lavado de dinero. “Tendría que presentar (Colombia) pruebas de eso”, señaló Dall’Anese.