Una oportunidad

Abogado

La Sala Constitucional, mediante el voto 1572-08, declaró inconstitucional la ley de creación del Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC) por considerar que hubo violación de trámites sustanciales en el trámite legislativo.

El Tribunal fue más allá de una simple declaratoria de inconstitucionalidad y concedió un plazo de tres años a la Asamblea para que: “... defina, en ley debidamente tramitada y promulgada, la creación de dicho Instituto...” o que, en su defecto, el Ministerio de Salud tome las medidas necesarias para “… asegurar una ordenada transición administrativa de todos los recursos humanos y materiales, así como los derechos y obligaciones, del Instituto a la Caja Costarricense de Seguro Social”.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Es al Poder Legislativo al que le corresponde reparar el yerro. En ello deben de colaborar la ministra de Salud y el presidente ejecutivo de la CCSS. En el pasado no lo hicieron, ya que sus asesores les habían indicado que la estructura del Instituto era “... rígida, inoperante y burócrata” ( La Nación , 01/02/2008). ¿Por qué, en su condición de presidenta y de vicepresidente, respectivamente, del ICCC, no propiciaron una reforma de ley? No vale la pena detenerse en ello; quienes ocuparon esas mismas posiciones tampoco hicieron nada. Lo que no se puede hacer es seguir con la misma forma de actuar y de desperdiciar una oportunidad.

Si el Gobierno quiere ser consecuente, lo primero que puede hacer es definir cómo va a actuar. Le corresponde al Presidente definir el rumbo, porque sus subordinados no lo tienen claro; hay ideas sueltas, ocurrencias, pero no una política clara.

Es posible que el ICCC opere normalmente durante los próximos tres años, ya que la Sala IV dio ese espacio. Pero se puede perder si no se sientan las bases de una nueva ley, para así construir un centro especializado en la atención del paciente con cáncer. Este pasaría, si así lo dispusiera la ley, a pertenecer a la CCSS, y el Instituto continuaría con la prevención y la capacitación, con la rectoría del Ministerio de Salud.

Dar una oportunidad. Si al Instituto de Desarrollo Agrario se le está dando la oportunidad, a pesar de las graves anomalías que la Contraloría General de la República señaló en el informe DFOE ED-7-2007, ¿por qué no hacerlo con el ICCC, institución a la que hoy no se le conocen hechos graves que justifiquen su cierre?

Se ha dicho que los recursos “... se han desperdiciado durante la década de vida del Instituto, pues los enfermos de cáncer no han visto un impacto sustancial en su atención debido al uso de esos dineros” ( La Nación , 31/01/2008, diputado José Manuel Echandi). ¿Cómo se iba a hacer algo, si con la acción de inconstitucionalidad que el diputado Echandi apoyó, se dio la mejor excusa a las autoridades para no hacer nada hasta que se aclararan los nublados del día? Por supuesto, el Instituto no ha tenido incidencia en los pacientes enfermos de cáncer. Pero eso no es culpa del Instituto, ni es motivo para no rectificar y, mucho menos, para condenar a los enfermos a una espera de 30 años, como en el caso del Hospital de Alajuela, por no citar el de Heredia.

El pecado del ICCC es tener dinero y, al fin al cabo, todos quieren echarle mano a ese ahorro. Usarlo para otro fin que no sea brindar una esperanza a los pacientes con cáncer es errar de nuevo.