Barreras a las obras públicas

 Los obstáculos institucionales son casi tan importantes como los financieros

 La agilidad en el diseño, adjudicación y ejecución de los proyectos es clave

El problema es tan serio como evidente. Los ciudadanos lo padecemos en nuestra vida cotidiana; los sectores productivos, en el costo de sus actividades, y en todos los estudios sobre competitividad nacional aparece a la cabeza en la lista de obstáculos. Nos referimos a la insuficiente y deficiente infraestructura del país, que, por décadas, ha ido a la zaga de nuestras necesidades.

La gran razón de fondo de esta grave situación es la insuficiente inversión pública, que cayó dramáticamente durante la crisis económica del gobierno de Rodrigo Carazo (1978-82), y que ha sido sumamente difícil devolver a los niveles requeridos por nuestro desarrollo. Hoy, gracias a sustanciales crecimientos en la actividad económica, a los exitosos esfuerzos de recaudación y a mejores prioridades en la asignación del gasto público, hemos avanzado considerablemente en materia presupuestaria. Sin embargo, no basta con disponer de mayores recursos, tanto en el Gobierno Central como en las instituciones autónomas; tampoco, con tener la voluntad de utilizarlos, porque existen muchos otros problemas que merecen urgente atención.

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Un reportaje publicado en nuestra edición de ayer, con información emanada de la Contraloría General de la República y testimonios de varios funcionarios, pone el dedo en la llaga de los obstáculos no financieros. Entre ellos están los complejos mecanismos de contratación que existen en el sector público; la enorme cantidad de controles previos al desarrollo de los proyectos; la falta de un adecuado planeamiento por parte de diversas entidades del Estado; la carencia de recursos humanos suficientes y adecuados para diseñar, atender y supervisar las distintas etapas de las obras; la extrema dificultad para las expropiaciones; la virtual inamovilidad que el Servicio Civil y otros esquemas laborales otorgan al personal; el débil liderazgo y la falta de compromiso en algunas instituciones, y, en general, un marco jurídico que se ha ido complicando a lo largo de los años, y que tiende mucho más a controlar que a facilitar, sin que esto, paradójicamente, haya sido una verdadera garantía de honestidad y transparencia.

Muchos de los anteriores problemas afectan también los procesos de concesión de obras públicas al sector privado, mecanismo ideal para compensar la falta de recursos, pero que requiere condiciones jurídicas y administrativas suficientemente ágiles. Estas han mejorado últimamente, pero aún persisten importantes obstáculos, como puso de manifiesto, en una entrevista que también publicamos ayer, el nuevo viceministro de Concesiones, Guillermo Matamoros Carvajal.

Lo anterior quiere decir que el verdadero salto en materia de obras públicas pasa por la reforma del Estado, bajo los principios de eficiencia, agilidad, rendición de cuentas, controles razonables y vinculación directa entre responsabilidad y autoridad. Es un tema del que se ha hablado hasta la saciedad, pero sobre el cual poco se ha hecho, entre otras cosas, porque puede implicar grandes costos políticos inmediatos, pero con “dividendos” diferidos.

Ante la eventual imposibilidad de que tal reforma se haga de una vez, por lo menos es esencial que se fije un camino, se establezca una estrategia de acción y se comience a avanzar en aquellas acciones que combinen la mayor viabilidad y los mejores resultados posibles. A lo anterior debe sumarse una gestión política y administrativa más vigorosa.

El Poder Ejecutivo, por sí mismo y desde sus lineamientos a las instituciones autónomas, ha comenzado a actuar en estos frentes, y ya se notan favorables (aunque insuficientes) mejoras. La clave en el futuro, sin embargo, es contar con un sector público mucho más estratégico, eficaz, ágil y vigoroso, como el que caracteriza a los países desarrollados. Y, para que esto ocurra, se necesita un grado de concertación política del que todavía, por desgracia, estamos lejos.