Proyecto de Seguridad Ciudadana ante Asamblea Legislativa

Gobierno pretende decomisar fortunas de origen dudoso

 Plan autoriza a Hacienda a quitar “capitales emergentes”

 Medida se considera clave en lucha contra el crimen organizado

Fortunas repentinas cuyos dueños no puedan justificar su origen, pasarán a manos del Estado, de ser aprobado el proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana.

Este plan fue presentado ayer a los diputados de la Comisión especial de Seguridad Ciudadana por una comisión de alto nivel de los poderes Ejecutivo y Judicial.

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El proyecto es amplísimo: abarca la protección de víctimas y testigos, regula la posesión de armas y autoriza instalar agujas de control en barrios sin salida (previo permiso municipal).

No obstante, el paquete más grueso está dedicado a la lucha contra el crimen organizado y, en especial, el lavado de dinero.

Así lo exaltaron los cuatro proponentes: la vicepresidenta de la República y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, el fiscal general, Francisco Dall’Anese, el ministro de Seguridad, Fernando Berrocal, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas.

“En todas partes del mundo la gente debe explicar de dónde salió la plata y si no puede, la pierde”, dijo Dall’Anese.

Chinchilla, por su parte, adelantó que esta propuesta va a hacer que muchos sectores “pongan el grito al cielo”.

Esto, porque funcionarios públicos, particulares y empresas que no logren justificar el origen de sus capitales, les serán incautados por el Ministerio de Hacienda.

Solo el año pasado, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió reportes de 280 casos de operaciones de origen dudoso.

Precisamente, entre las herramientas contra el crimen organizado se propone crear la Plataforma de Información Policial, que reunirá información ordenada sobre delincuentes y bandas, a la cual tendrá acceso la Policía.

También el Centro Judicial de Comunicaciones, el cual lo formarían equipos dedicados 24 horas a las intervenciones telefónicas.

Armas y extranjeros. El plan también propone regulaciones para inscribir y portar armas. Por ejemplo, cada persona solo podrá inscribir una; además, impide inscribirlas o portarlas a agresores domésticos o gente en proceso judicial.

Solo entre enero del 2006 y junio 2007 fueron decomisadas 3.700 armas ilegales o sin permiso.

Además, el proyecto reformaría la Ley de Migración para permitir a esa entidad expulsar a extranjeros vinculados con hechos ilícitos.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por legisladores oficialistas y con reserva por la oposición, que prometió estudiarla.

Chinchilla, además, prometió enviar la otra semana al Congreso el presupuesto que autoriza ¢11.000 millones al Poder Judicial.