Prórroga y vigencia del TLC

Diputada

A raíz de la prórroga concedida para que aprobemos las leyes de implementación y podamos poner en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, ha circulado una serie de comentarios que merecen atención.

Principalmente quiero referirme a la columna “Enfoque”, de don Jorge Vargas Cullel, del 21 de febrero, porque contiene errores que conviene aclarar, citando incluso hechos posteriores que rebaten tales afirmaciones.

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El plazo del 29 de febrero del 2008 como fecha límite para tener aprobado el Tratado y las demás leyes requeridas para su entrada en vigencia nunca correspondió a una estrategia del Gobierno; el plazo proviene del texto explícitamente indicado en el Tratado en su artículo 22.5.

El Poder Ejecutivo y la fracción legislativa oficialista siempre coincidimos en manifestar que el 29 de febrero del 2008 era la fecha límite para notificar el cumplimiento de todos los compromisos necesarios para implementar el Tratado y que, de no tener aprobadas las leyes de la agenda de implementación, había que solicitar una prórroga, lo que tuvo que ocurrir dados los obstáculos que los opositores al TLC le han impuesto a la mayoría de los proyectos de dicha agenda.

Interpretación prevaleciente. Todas las interpretaciones legales posibles, incluyendo la de la Procuraduría General de la República que fue técnicamente acertada, son posiciones a lo interno del país, pero la que en definitiva prevalece es la interpretación en el plano internacional, que es la que hacen los demás socios comerciales del Tratado.

En entrevista publicada en La Nación del 2 de marzo, el subsecretario de Comercio Exterior de Estados Unidos, Christopher Padilla, fue categórico cuando se le preguntó sobre el 29 de febrero de 2008 como fecha límite: “El Gobierno de Estados Unidos no firma un acuerdo con otros seis países basado en fechas límites falsas. No creo que los otros seis Gobiernos lo hagan tampoco. La fecha límite para la implementación está escrita en blanco y negro en el Tratado. No entiendo cómo alguien pueda decir que esto no es una fecha límite verdadera...”.

Más que una serie diversa de opiniones en el interior del país, concuerdo con el subsecretario Christopher Padilla en el hecho de que “hay personas tratando de confundir los hechos. Ha habido un acuerdo solemne firmado por seis países soberanos porque esta es una fecha límite real. Si no hubiéramos firmado la prórroga, Costa Rica estaría fuera del TLC permanentemente”.

Claro que hay diversas opiniones, hasta la de quienes quisieran que el Tratado nunca entre en vigencia, pese a la voluntad popular expresada en las urnas; pero, la opinión que cuenta es la de los socios comerciales. Después de todo, como ya ha quedado demostrado, el acuerdo comercial se estableció entre los países firmantes del Tratado.

Repartición de culpas. Si el ambiente se “envenenó”, tal como lo dice don Jorge Vargas, se deberán repartir las culpas entre quienes “intentan confundir” y socavan el lenguaje, y no entre quienes veníamos afirmando lo que en definitiva se demostró ser cierto.

En aras de esa verdad, también hay que decir que en el tema de la fecha límite nunca hubo divergencia ni con el Movimiento Libertario ni con ninguno otro de los aliados.

Lo importante quizás es ver para delante y sacar una conclusión clara: ni el Gobierno ni la fracción oficialista han mentido puesto que el 29 de febrero era efectivamente una fecha límite, y si hoy se ha ampliado el plazo es porque se negoció una prórroga, la cual no habría sido firmada ni otorgada por todos los socios si solo fuera un invento o una estrategia del Gobierno de Costa Rica.

Lo que sigue es trabajar juntos y aprovechar el tiempo concedido y, de ser posible, aprobar la agenda de implementación cuanto antes para poner en vigencia el Tratado tal como nos lo ordenó el pueblo de Costa Rica, que libremente decidió en el referéndum consultivo del pasado 7 de octubre del 2007.