Organización recibía de $2.000 a $10.000 por menor, dice OIJ

Jueza y 13 personas más detenidas por tráfico de niños

 Grupo buscaba embarazadas pobres para ofrecerles la adopción de sus hijos

 Entre los presos hay un abogado, madres biológicas y padres adoptivos

Una jueza de Familia de Liberia, Guanacaste, y 13 personas más fueron detenidas ayer como sospechosas de integrar una red dedicaba al tráfico de menores.

El grupo era investigado desde junio del 2006 y, según la Policía, contactaba a mujeres embarazadas o con hijos recién nacidos a los cuales no podían mantener, para ofrecerles dinero a cambio de dar los niños en adopción.

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El Ministerio Público (órgano acusador del Estado) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron de que hasta el momento hay evidencias de que el grupo participó en siete adopciones por medio de ese sistema.

Sin embargo, el fiscal general, Francisco Dall’Anese, aclaró que por la falta de medios jurídicos “no tenemos una idea de cuántos menores han podido pasar por esta organización”.

Por cada menor, los padres adoptivos pagaban a la red de $2.000 a $10.000, dijo el OIJ.

Mario Víquez, presidente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dijo que siete menores en cuyo trámite de adopción habría participado este grupo, quedaron en custodia de la institución.

Se trata de tres grupos de hermanos, todos, entre un año y 8 años de edad. Una pareja de hermanos tienen un año y 5 años; otra tiene 5 y 8 y el último grupo lo forman tres hermanos, de 4, 6 y 8.

Mientras están custodia del PANI, los niños estarán con familiares de los padres adoptivos.

Golpe. La captura de los sospechosos se produjo en 16 allanamientos en Guanacaste, San José, Heredia y Alajuela.

El arresto de la jueza de Familia, Penal Juvenil y de Violencia Doméstica, Ilse Araya Pineda, se produjo en su casa en Liberia. Se le trasladó a San José por avión.

Mientras, en San José, fue capturado un abogado de 54 años de edad que tramita adopciones, un dentista de 41 años de edad, de Curridabat, que adoptó a un niño, y dos promotoras sociales que laboran para una clínica de la CCSS.

El abogado es Esteban Soler Aira, a quien se le detuvo en su casa en Guayabos, Curridabat.

Al mismo tiempo, en Pavas, se capturó a Roxana Alvarado y Nury Calvo, promotoras sociales de la clínica de la CCSS en Pavas, que es administrada por la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud. La Policía investiga si ellas se encargaban de localizar a las madres biológicas.

En Moravia, Hatillo, Escazú, Rohrmoser, de San José, Barva de Heredia y Atenas, en Alajuela, se capturó a padres adoptivos, madres biológicas y otras personas que colaboraban con el grupo.

Primer indicio. Jorge Rojas Vargas, director del OIJ, dijo que la banda quedó al descubierto el 27 de junio del 2006 cuando se investigó la desaparición de una mujer indigente con un bebé de días de nacido.

La mujer fue localizada ocho días después, pero su hijo ya estaba dado legalmente en adopción.

La investigación se complicó por la falta de mecanismos legales y obligó a la fiscalía a trasladar un fiscal de Liberia hasta San José para que se dedicara a tiempo completo al caso, dijo Dall’Anese.

Dall’Anese dijo que el caso se investiga por tráfico de personas menores, delito sancionado con una pena de 2 a 4 años de prisión y de 4 a 6 años cuando el implicado es profesional o funcionario público.