Procuraduría analizó dos casos legislativos

Según la Procuraduría de la Ética, los casos más relevantes que han visto por conflicto de intereses o incompatibilidades son los de las diputadas Evita Arguedas y Mayi Antillón, en la presente gestión legislativa.

En el caso de Arguedas, la Procuraduría le recomendó “abstenerse de participar” en la comisión legislativa que dictaminó el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.

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Diputados del Partido Acción Ciudadana denunciaron un “presunto conflicto de intereses” de Arguedas por su participación en el foro legislativo. Arguedas es socia fundadora del la empresa Comunica MyT S. A. y accionista de las empresas Comunica Mensajes S. A., Multiservicios de Comunicación y Grupo Continental, S. A.

Entre tanto, el procurador Gilberth Calderón desestimó una denuncia contra la liberacionista Mayi Antillón que interpusieron el diputado José Merino y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), por conflicto de intereses en el trámite del TLC.

Ellos alegaron que el esposo de Antillón servía profesionalmente a firmas que se beneficiarían con el Tratado. Según Calderón, el esposo de la diputada “no es socio o accionista de ninguna empresa farmacéutica”.