Equipos creados en el 2002

Casos complejos saturan labor de entidades anticorrupción

 Procuraduría de la Ética se centra en casos Caja-Fischel e ICE-Alcatel

 Sobresalen denuncias contra policías por abuso de autoridad

Tanto la Procuraduría de la Ética como los tribunales penales de Hacienda, desde que entraron en funciones en el 2003, han concentrado su trabajo en los casos Caja-Fischel e ICE-Alcatel.

Estos entes fueron creados por dos leyes en el año 2002 y varias reformas a la Ley de la Procuraduría General de la República que impulsó el entonces presidente del país Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

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Ambas instancias surgen para combatir la corrupción, presentar denuncias contra funcionarios públicos y, en el caso de la Procuraduría de la Ética, consultar también sobre la conducta de los trabajadores del Estado en las actividades propias del cargo.

Ni los tribunales penales de Hacienda ni la Procuraduría de la Ética saben a ciencia cierta cuántos casos han tramitado hasta la fecha.

Lo que sí tienen claro es que los escándalos que vinculan a los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez con hechos ilícitos les han consumido la mayor parte del trabajo.

Hugo Porter, coordinador de los tribunales penales de Hacienda, afirmó que estas instancias empezaron a funcionar realmente hasta el 2003 y que, paralelamente a los “megacasos de los expresidentes”, con frecuencia se ven saturados por denuncias de abusos de autoridad, sobre todo contra policías y oficiales de Tránsito.

En la Procuraduría de la Ética, de acuerdo con lo que manifestó su coordinador Gilberth Calderón, además de los casos Caja-Fischel e ICE-Alcatel, los procuradores invierten horas de trabajo en las denuncias en contra de varios alcaldes, regidores y funcionarios municipales.

Funciones. La procuradora general Ana Lorena Brenes señaló que la ley les pide prevenir, erradicar y detectar la corrupción.

En los casos que llegan a los tribunales , la Procuraduría de la Ética actúa como actor civil en procura de indemnizaciones por el daño social que provoca la corrupción.

Además, responden consultas de los ciudadanos y de los funcionarios públicos. También resuelven sobre posibles incompatibilidades y realizan un trabajo preventivo a través de capacitaciones en las instituciones públicas.

Porter dijo que los tribunales penales de Hacienda se ocupan de instruir y juzgar los delitos que cometan los funcionarios públicos, así como los delitos aduaneros y los relacionados con la Ley de Enriquecimiento Ilícito.