Debilidad en ley pasó inadvertida

El exdiputado y actual ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, dijo que nadie les advirtió, cuando se tramitaba en la Asamblea Legislativa la actual Ley de Pesca y Acuicultura, sobre las debilidades para sancionar la pesca ilegal en la Isla del Coco y en otras aguas protegidas.

Agregó que el proyecto lo conoció el departamento de Servicio Técnicos y la Sala IV y no hicieron observaciones sobre el roce entre el artículo 153 de la ley y el 258 del Código Penal.

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Carlos Ricardo Benavides, junto con Miguel Huezo Arias, Francisco Sanchún, Peter Guevara y Daisy Quesada, entre otros, fueron los diputados que presentaron el proyecto inicial al Congreso, el 4 de agosto del 2002.

En esa iniciativa no se contemplaba ninguna pena para la pesca ilegal en las zonas protegidas y no fue hasta que el plan estaba para aprobarse en primer debate que se presentó una moción para sancionar esa actividad con una pena de 20 a 30 salarios base.

Empero, la moción, firmada por varios diputados, fue rechazada en el plenario.

Debido a una serie de pugnas, el proyecto lo sacaron de la corriente legislativa . El 23 de octubre del 2003 se introdujo un proyecto sustitutivo en el cual ya se incluyó la sanción por pesca ilegal en en las áreas protegidas.

El plan fue aprobado 10 de febrero del 2005 y entró a regir el 1.° de marzo de ese mismo año.

Justificación. El exdiputado Carlos Ricardo Benavides dijo que respeta la decisión y el criterio del Tribunal de Puntarenas, pero no la comparte.

Agregó que cuando se hizo la ley se dispuso imponer una sanción moderada a la pesca ilegal en zonas protegidas porque principalmente se aplicaría a pescadores costarricenses.

“Muchas veces ellos desconocen donde se encuentran, por la falta de equipos”, aseveró.

En criterio del exlegislador, “la isla no queda desprotegida legalmente porque se sancionan con cárcel decenas de conductas que no estaban contempladas antes”.

En tanto, el también exdiputado Miguel Huezo dijo que tenía entendido que con la Ley de Pesca “los castigos iban a ser superiores a los que tenía el Código Penal”.

Huezo y Benavides coincidieron que, tras el caso Tiuna, es un buen momento para que se gestione un cambio en la legislación.