Infractores no pueden ir a la cárcel

Error legislativo deja sin protección a la Isla del Coco

 La misma situación ocurre con la pesca ilegal en otras aguas del mar territorial

 Infractor se expone a multa de 60 salarios, que serían ¢14 millones

Un error legislativo en La Ley de Pesca y Acuicultura, aprobada por los diputados hace tres años, dejó desprotegida a la Isla del Coco ante los pescadores ilegales.

La misma situación ocurre con todas las aguas protegidas del mar territorial costarricense.

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El artículo 153 de la citada ley, vigente desde el 1.° de marzo del 2005 y cuyo impulsor fue el actual ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, dejó tácitamente derogado el artículo 258 del Código Penal que castigaba con una pena de 3 a 15 años de prisión a quien pescara ilegalmente.

La normativa vigente castiga “la pesca comercial o deportiva en las áreas silvestres protegidas” con una multa de 20 a 60 salarios base ( ¢14 millones, máximo) y la cancelación de la licencia.

El ministro Benavides arguyó que cuando se tramitó la ley en el Congreso nadie les advirtió sobre las debilidades para sancionar la pesca ilegal en la Isla del Coco y en todas las aguas protegidas del mar territorial.

En el caso de la Isla del Coco, la desprotección quedó de manifiesta en la reciente resolución del juez Marvin Cerdas Angulo, del Tribunal de Juicio de Puntarenas, cuando dispuso eliminar las medidas cautelares al capitán y los 21 tripulantes de la embarcación atunera Tiuna , capturada el 29 de enero pescando en aguas protegidas de aquella isla.

En la resolución, a la cual tuvo acceso La Nación , el juez señala: “Como ciudadano podría decir que me preocupa mucho la situación que puede ocurrir en la Isla del Coco, por lo que significa para Costa Rica y para la humanidad (...) Sin embargo, en este caso, más allá de las argumentaciones de ciudadano común y corriente, mi posición es la de juzgador y debo resolver conforme a derecho procesal penal”.

Argumento. Para el juez, el caso del Tiuna tiene que resolverse con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 8436, llamada Ley de Pesca y Acuicultura , vigente desde el 1.° de marzo el 2005.

Según Cerdas, no es aplicable el artículo 258 del Código Penal, el cual reprime con prisión de 3 a 15 años al que “realizare en ríos navegables, en el mar territorial (...) la explotación no autorizada de las riquezas ictiológicas”.

Un antecedente. Como fundamento de su fallo, el juez alude a la sentencia número 662 del Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito de Alajuela, emitida el 10 de diciembre del 2007.

En ese fallo, los jueces Alberto Alpízar, Jorge Luis Morales y Jaime Robleto establecieron (en un caso por pesca ilegal en la Isla del Coco seguido contra Leyvin González Fernández) que la norma aplicable es el artículo 153 de la Ley de Pesca y no el artículo 258 del Código Penal.

Para el Tribunal de Casación, aunque las leyes (de Pesca y la que creó el Código Penal) tienen una jerarquía igual, debe regir lo que indica el artículo 12 del Código Penal: “Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, se regirá por la que sea más favorable al reo”. En este caso, es la Ley de Pesca.

Por esa razón, sostuvo el juez Marvin Cerdas, “es improcedente cualquier medida cautelar (para la tripulación), aun cuando pueda existir el peligro de fuga porque no se puede privar de la libertad a una persona si la ley no lo permite” .

Cerdas aclaró que el barco sigue en condición de decomisado.

El Ministerio Público, en tanto, presentó un recurso de revocatoria al levantamiento de las medidas cautelares, que fue declarado inadmisible.