Mañana vence plazo para pago de impuestos

Municipios se alistan para efectuar remates y embargos

 Con nueva Ley de Cobro Judicial las sentencias se ejecutan en 3 meses

 Desamparados y Alajuela anuncian drasticidad contra los morosos

Los morosos tendrán mañana la última oportunidad para pagar las deudas que acumulan con sus respectivas municipalidades.

De lo contrario, podrían enfrentar embargos de salarios o remates de sus propiedades.

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Mañana expira el plazo para pagar el segundo trimestre de servicios municipales y bienes inmuebles y el tercero de patentes.

Los gobiernos locales se alistan para iniciar las acciones legales apoyados, en esta ocasión, en la nueva Ley de Cobro Judicial.

Esta normativa entró a regir hace un mes y acorta los trámites de dos años a solo tres meses.

Incluso, se crearon juzgados especializados con capacidad para tramitar hasta 5.000 casos por mes.

El objetivo de esta nueva Ley es poner en regla a los morosos.

Herramienta. Las municipalidades históricamente han afrontado una alta morosidad que a nivel nacional ronda el 40%.

Con la nueva Ley los alcaldes consideran que podrán poner fin al problema.

En algunos casos, como el de San José, la sola existencia de normativa ya acarreó beneficios.

Para ayer ya se habían recaudado ¢4.217 millones de los ¢5.095 millones que se habían fijado como meta las autoridades municipales.

En total, se efectuaron 5.000 trámites más que el año pasado para el mismo período.

Según los encargados, una de las explicaciones es que la gente no quiere arriesgarse.

En otros ayuntamientos como el de Alajuela anuncian drasticidad contra los morosos.

La alcaldesa, Joyce Zürcher, detalló que en ese cantón hay una incapacidad de cobro de ¢3.600 millones e indicó que contrataron abogados externos para aplicar la nueva Ley de Cobro Judicial.

En Desamparados también ejecutarán acciones fuertes; incluso, se han distribuido circulares a lo largo del cantón anunciando las fechas de los remates a efectuar.

Otros ayuntamientos como los de Cartago y Tarrazú se muestran más cautos a la hora de aplicar la normativa.

Los alcaldes Rolando Rodríguez e Iván Suárez, respectivamente, apuestan más al diálogo y a la citación de los deudores.

Ellos destacan que los remates o embargos solo se deberían aplicar en casos extremos.