Luis Mesalles | lmesalles@academiaca.or.cr

letras de cambio

economista

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Las intervenciones del Gobierno dentro de la economía influyen sobre la toma de decisiones de las personas y empresas. Provocan un cambio en la asignación de recursos dentro de la economía; modifican lo que el mercado hubiera hecho a través de los precios. Si bien las intenciones de los gobernantes pueden ser muy buenas (aunque no siempre lo son), las consecuencias pueden no serlo tanto. En esa perspectiva, resalto dos propuestas del Gobierno, que parecen ser bien intencionadas, pero que pueden terminar con resultados opuestos a los esperados.

La primera es la de bajar el precio del diésel, a costa del precio de la gasolina. La intención suena muy bien: reducir el impacto del aumento de combustibles sobre los costos de producción. Pero, como se espera que ese cambio en la relación de precios entre diésel y gasolina vuelque la demanda hacia el primero, incluyendo la de vehículos de lujo, el Gobierno propone un aumento del impuesto al ruedo a los vehículos particulares. De nuevo, la intención suena bien, especialmente desde el punto de vista político: que los ricachones, dueños de chuzos turbo-diésel, paguen parte del subsidio al diésel que usan los humildes productores. Pero, rapidito, esos ricachones harán cálculos sobre cuánto tendrán que pagar de más por marchamo, y lo compararán con lo que se pueden ahorrar por el menor precio del diésel. Cuando la gran mayoría se dé cuenta de que salen perdiendo, tomarán la decisión de vender su chuzo turbo-diésel y cambiarlo por otro chuzo igualito, pero de gasolina. Con este cambio, el país perderá, ya que no se estará logrando una mayor recaudación del impuesto al ruedo, y más bien aumentará el consumo de combustibles (esto porque para dos carros modernos del mismo modelo y marca, el que tenga motor diésel puede gastar hasta un 20% menos de combustible).

La segunda propuesta es un proyecto de ley que pretende poner un límite a las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito. La intención, de nuevo, suena bien: proteger a los pobres pequeños tenedores de tarjetas, que tienen que pagar tasas altísimas por sus deudas. Pero resulta que las tasas de interés que cobran las tarjetas son altas, comparadas con las de un crédito corriente, básicamente porque son un instrumento que se ofrece de manera masiva a una población muy amplia. Los costos en que incurren los emisores para controlar tal cantidad de deudores son altos, incluyendo una elevada morosidad (aunque calculada). Y, dentro de estos, los pequeños deudores son los más caros de atender. Así que, si se ponen límites a las tasas de interés, los emisores de tarjeta simplemente dejarán de otorgar crédito a los pequeños deudores. Irónicamente, este es el grupo al que el Gobierno pretende proteger con este proyecto de ley.