Orfandad del Hospicio de Huérfanos

 El cierre de albergues no constituye un motivo de orgullo nacional

 El interés superior de los menores es mucho más que una declaración jurídica

Pocas instituciones nacionales tienen el elevado fin y el abolengo del Hospicio de Huérfanos de San José y pocas, en los últimos años, se han mirado y atendido, de parte del Estado y de la sociedad, con tanta negligencia o indiferencia. Su languidez financiera así lo ha demostrado. Una vez más, la teoría de los documentos, nacionales e internacionales, sobre el interés superior de los menores se ha distanciado de la realidad social. Esta situación no puede seguir.

El Hospicio de Huérfanos de San José nació, como informamos el jueves pasado, de resultas de la Guerra del 56, a fin de recoger y proteger a los numerosos huérfanos que quedaron a la deriva, a causa de la guerra y de la epidemia. Por su historia y por la naturaleza de su misión –los niños huérfanos– merece, entonces, el cuidado y la ayuda financiera del país. En estos años no ha sido así.

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El destino del 50% de las ganancias de los Festejos Populares de San José se ha convertido en una constante burla, documentada, año tras año, por la prensa nacional. Misteriosamente, estos festejos no produjeron las utilidades apetecidas. A mitad de este año, el Hospicio está en espera del giro de ¢100 millones que le adeudan las fiestas. Es decir, se ha tardado seis meses en liquidar las cuentas de un gran turno.

El Hospicio tiene una capacidad física para 250 menores, mas la carencia de recursos obliga a sus autoridades a dejar fuera a muchos de ellos. Como si se tratara de un estadio o de una función teatral. Por estas razones, el Hospicio cerró el albergue para adolescentes varones y, posiblemente, se clausure pronto el de mujeres. El Estado solidario, que tanto pregonan algunos, otra vez ha fallado. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) remite al Hospicio a 150 niños y adolescentes, mas, por tres años, no les ha entregado el dinero correspondiente: el 30% del costo mensual de cada niño (¢3,6 millones). Cada niño le cuesta al Hospicio ¢180.000. Y, como no son suficientes los recursos para cubrir los gastos de comida, ropa, luz, agua, teléfono, salarios y personal técnico, cada mes los encargados deben salir a buscar ¢17 millones. Pareciera que la estrategia de mendigar, cada mes, no rima con los derechos de los menores ni con “el rostro social” de algunas proclamas.

La anterior es la dimensión financiera. La otra es la administrativa. El nuevo convenio con el PANI no se ha firmado pues, según el presidente ejecutivo de esta institución, el Hospicio no ha presentado las liquidaciones de los fondos públicos girados en otros años. La Contraloría General de la República ha instado al Hospicio a ordenarse en este sentido. Sin embargo, mientras llega la firma, como pasó con los comedores infantiles, no llega la plata. Bien están las prácticas financieros, tan necesarias, pero, detrás de ellas, hay legiones de niños que esperan que las puertas sigan abiertas y se abran otras para los que confían en que la sociedad y el Estado no los abandonen. Si el Estado no aparece como amigo y protector, algún día aparecerá como carcelero. Una historia de sobra conocida.

La ministra de Salud ha prometido intervenir “para rescatar el Hospicio, en beneficio de los niños”. Esperamos, sin embargo, que no sea solo un rescate para que esta institución sobreviva, sino la firme determinación de financiar, de una vez por todas, al Hospicio, además de ordenarlo internamente, a fin de que la labor social, humana, urgente, por los menores se combine con una gestión impecable. Muchas son las vías de solución, menos el socorrido expediente de que no hay plata…