Página Quince Alberto Salom Echeverría

Libre es mejor

 El “software libre” es una buena opción para los países en vías de desarrollo

Diputado

Cuando entré a la Asamblea Legislativa hace dos años, no sabía media palabra acerca de “software libre”, ni sobre “software propietario o cerrado”.

La agenda de eficiencia y competitividad de mi partido, el PAC, además de un proyecto de ley ingenioso, que había presentado Laura Chinchilla y que estaba en estudio en la Comisión de Gobierno y Administración, el cual fue injustamente rechazado por algunos de sus propios compañeros liberacionistas, me metió de lleno en el tema con ayuda de mis asesores.

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En computación existen programas de código abierto (“software libre”) y programas de código cerrado (“software propietario”). El primero no es, como suele creerse, gratuito; es libre, más bien, por otras razones que resumo:

1) Porque se puede ejecutar con cualquier propósito (privado, educativo, público, comercial, etc.);

2) porque es posible estudiarlo y modificarlo con fines particulares; por eso debe ser un “software” de código abierto o fuente abierta, contrario al “software” propietario;

3) porque el programa es suficientemente versátil para copiarlo con el objeto de ayudar a la comunidad;

4) porque puede ser mejorado y sus cambios, publicados.

El “software propietario” está asociado a empresas como Microsoft, Oracle, NEC, IBM, HP, Hitachi o Dell. En Costa Rica solo hay algunas comunidades o redes de “soft- ware libre” (en las universidades públicas, por ejemplo). Hay otras redes que operan este sistema de programación en el sector privado. En cambio, en el sector público, paradójicamente, se utiliza con exclusividad el “software”, que cuenta con código cerrado o propietario. Ello demanda la generación de grandes recursos, lo que resta así eficiencia y competitividad al sector estatal.

Licencias costosas. Indagando, pude advertir que instituciones del Estado costarricense dependen de esos programas de código cerrado y deben pagar por el uso del “software” licencias que, como he expresado, resultan muy costosas a la sociedad. Solo en el 2007, el ICE erogó ¢3.747.861 de presupuesto inicial, el INS pagó la suma de ¢444.775.175, para renovar licencias y, para adquirir nuevos productos, invirtió ese mismo año ¢210.726.335; AyA, por su parte, gastó 100 millones de colones para adquirir el 50% de los requerimientos por licencias; el ICT tuvo un gasto real, hasta el 2007, de ¢10.361.783,80; y el INA, ¢142.364.200.

Así pues, el “software libre” no es gratuito, pero tiene las ventajas señaladas y produciría grandes economías a la sociedad costarricense.

Algunas personas han supuesto erróneamente que el uso del “soft- ware libre” produce inseguridad a las empresas o instituciones que lo utilizan. Es al revés, ya que el sistema abierto o libre es un tipo de programa que se usa como en una “plaza pública”, donde cualquier error o falla del mismo puede ser advertido por los entendidos. El “software propietario o cerrado” es como una “torre de marfil”, donde muy poca gente, excesivamente especializada, puede ver el programa; de modo que cuando se produce una falla, nadie se entera, por lo que su corrección es muy lenta.

Una buena opción. Las instituciones del Estado costarricense deben dar los pasos precisos para utilizar estos programas de fuente abierta; solamente se acudiría a programas por los que haya que pagar una licencia cara en caso de inopia, como cuando se requiera una base de datos que únicamente esté en poder de empresas que operan los sistemas cerrados.

En el mundo cada vez más Gobiernos e instituciones dentro de ellos han migrado en forma total o parcial al uso de programas o sistemas de fuente abierta, como en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Rusia, España, Francia, Italia, Japón, México, República Dominicana, Sudáfrica, Venezuela y, más recientemente, Holanda.

El “software libre” es una buena opción para los países en vías de desarrollo, ya que se liberan recursos, los cuales pueden destinarse a atender problemas de mayor envergadura como la pobreza, la inseguridad ciudadana o para mejorar la educación; en lugar de tener que dirigirlos al pago de licencias por derechos de autor. Así obtendríamos economía de recursos y mayor eficiencia del aparato estatal y, por supuesto, competencia, competencia gestada en la libertad de crear y compartir. Por ello, libre es mejor.