Alberto Ferrero | aferreroa@yahoo.com

Defiendo la institución de la familia

 Opuesto a la legalización de las uniones homosexuales por cuanto afectan a la familia

Médico

En un artículo publicado en el espacio Foro de La Nación el pasado 13 de junio , la señora ministra de Salud explica su posición respecto a la legalización de las uniones homosexuales, como parte de lo cual, a pesar de nuestras diferencias de criterio, agrega elementos que denotan puntos de encuentro con el pensamiento de quienes hemos externado oposición a dicha iniciativa.

Las coincidencias a las que me refiero consisten en nuestra creencia en Dios y en su infinita sabiduría, así como en el valor de la familia y de los valores sociales, morales y religiosos, como resultado de lo cual, vale decirlo, no es difícil comprender su válida preocupación por el bienestar de todas las personas y grupos que conforman nuestra sociedad, entre ellos, el de las personas homosexuales.

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Estimulado, más por estas coincidencias que por nuestra posición divergente, me permito aclarar los siguientes aspectos respecto a mi valoración del tema, a la cual ella se refiere.

Estudio profundo. En su artículo, la señora Ministra explica que su apoyo se sustenta en un estudio serio y profundo, el cual evidenció que, en las sociedades donde se habían legalizado las uniones homosexuales, las personas que disfrutaron de dicho beneficio mejoraron su salud mental y, entre otras modificaciones de su conducta sexual, redujeron el recambio de parejas. Mi posición no se sustenta en el cuestionamiento de la rigurosidad y compromiso con que la Ministra realiza su trabajo, como podría desprenderse de su artículo.

Mi punto es que, como sabemos que el conocimiento científico y la técnica no son fines en sí mismos, sino medios al servicio del ser humano y de la sociedad, su aplicación debe implicar una consideración detenida de la dimensión ética, como parte de lo cual, así como en el acto médico se profundiza en la consideración de si el tratamiento a aplicar al paciente redunda en su bienestar integral, en el caso de iniciativas de orden social habría que determinar si su efecto sería beneficioso o, al menos no perjudicaría, al agregado social, el cual debe constituir un valor superior de referencia.

De una manera más genérica, este principio es aplicable al cuidado de la armonía entre la aplicación del conocimiento científico o de la técnica en nuestro quehacer, cualquiera que sea, y la observancia del respeto y resguardo de los valores superiores de referencia, que es lo que garantiza la coincidencia entre las acciones realizadas a título personal y las realizadas en el ejercicio de una profesión o un cargo.

La familia. Mi oposición, por tanto, no se enfoca al desarrollo de cualquier iniciativa sanitaria que propicie mejoras en la salud de las personas homosexuales, sino, específicamente, a la legalización de sus uniones, por cuanto, según expliqué en mi artículo y ha sido desarrollado en este mismo foro, con las debidas bases técnicas y racionales por parte de expertos en el tema, afecta la institución de la familia, que es el espacio primario de socialización de la persona, donde, precisamente, se deben fomentar los valores fundamentales que impidan que los males que la Ministra enumera en su artículo y que asfixian a nuestra sociedad, se consoliden y se perpetúen, razón de más por la cual, independientemente de la crisis en la que esta pudiera encontrarse y de la dificultad que dicho reto implique, todos estamos llamados precisamente a defenderla y a edificarla permanentemente.

El tratamiento que se quiere dar a problemas de salud mental y a conductas sexuales de riesgo de las personas homosexuales, no es definitivamente inofensivo para el resto del agregado social, el cual constituye una amplia mayoría.

Aunque es claro que la potestad de impulsar esta y cualquier otra ley corresponde a los diputados, también es cierto que les corresponde justificarla ante la sociedad que representan, en relación con lo cual, en lo que respecta a su impulso como una estrategia de salud pública, la voz que he esgrimido, y con la que creo representar a un amplio sector de nuestra sociedad, es precisamente la del paciente consciente y responsable por su salud que se niega a tomar la medicina que le quieren recetar y que merece ser escuchado.