Rodolfo Cerdas

Ojo Crítico

politólogo

Hizo muy bien La Nación en condenar las amenazas de muerte y seguimientos contra los jueces del Tribunal Ambiental. Sin embargo, la conducta de la Unión de Cámaras y la Cámara Nacional de Turismo merece una condena aparte, por ser casi tan grave como lo otro y tener el agravante de su calificada proveniencia: usar su influencia ante el Poder Ejecutivo para condicionar en asuntos particulares las actuaciones del Tribunal. Pervirtieron su función social como grupos de presión y sentaron un precedente nefasto.

La actitud posterior fue peor: la Unión de Cámaras se negó a dar explicaciones y no reconoció su torpeza. La otra usó el subterfugio de que protestaban contra el “ show mediático” de los jueces y la lentitud de sus procedimientos, como si tales inepcias convalidaran su ominosa conducta.

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En vez de apoyar la lucha contra las atrocidades que destruyen las costas y los salvajes “desarrrollos” turísticos inmobiliarios, matando la gallina de los huevos de oro, tomaron la misma ruta de quienes buscan anular los controles públicos. ¿Acaso ignoran que en las costas se violan las leyes y la Constitución, se enajenan tierras públicas, se despoja a los pueblos del agua y se alimenta la corrupción en pro de una saturación ecológica letal para el turismo sostenible?

Los palos y piedras de los vecinos de Sardinal contra la Policía solo presagian la reacción popular, como retribución inevitable al menosprecio gubernamental contra los pueblos de la costa y su indulgencia y lenidad con los grandes especuladores inmobiliarios. El Gobierno dice una cosa y hace otra. Si es paz con la naturaleza, pues no cabe la minería a cielo abierto; si es turismo ecológico, no debe haber loca especulación inmobiliaria y saturación de marinas en las costas, mediante mordidas, invasión y destrucción de parques nacionales. Y, menos aún, un decreto como el del Minae del 30 de abril, que hace de las costas chorotegas unos Invus y Hatillos pretensiosos.

Toda la Asamblea, no solo la fracción del PAC, está obligada a condenar este torpeza empresarial de recurrir a los peores medios politiqueros para resolver asuntos legales privados. La Defensoría, el Colegio de Abogados y las asociaciones de jueces y fiscales deben pronunciarse. Si no, ¿con qué autoridad podrán reclamar cuando por privilegios lo repitan los grandes donantes de campañas electorales o las multinacionales beneficiadas por la corrupción política?

Los asociados de las Cámaras, al menos, deberían exigirles a sus cúpulas un honesto reconocimiento de su error, para recuperar la dignidad institucional requerida para exigirles a los demás lo que hoy no han estado dispuestas a exigirse a sí mismas.