¿Estado solidario?

 Las víctimas de la parálisis de los muelles o de los servicios de salud no forman parte del Estado solidario

 El Estado reconoce los derechos humanos, pero los dirigentes sindicales los distribuyen

La parálisis en los puertos de Limón y de Moín en Limón ya ha dado sus primeros frutos amargos: pérdidas por $1,5 millones (¢780 millones) para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Los trabajadores solo laboran seis horas diarias desde hace tres semanas. Podrían también, cuando les venga en gana a sus dirigentes, no trabajar del todo, o bien, como ha ocurrido, recibir un pago por no trabajar, y nada pasa en el orden legal. Esta ha sido la tradición.

La cifra citada es solo una nota al pie de las gigantescas pérdidas sufridas por la provincia de Limón y por el país, gracias al chantaje y al fuero de impunidad de que han disfrutado, a lo largo del tiempo, los dirigentes sindicales. Si un porcentaje mínimo de este desastre económico y financiero se hubiera aplicado al “desarrollo económico de la Vertiente Atlántica”, Japdeva podría mostrar hoy algún logro en su larga vida. Y, si estos puertos hubieran funcionado conforme a las prácticas y técnicas de otros países, aun centroamericanos, los resultados para el comercio nacional, para las empresas, para el buen nombre del país y para los propios trabajadores habrían superado toda expectativa. Sin embargo, ningún Gobierno y, mucho menos, alguna junta directiva, ha querido poner orden, esto es, hacer cumplir la ley en esta institución y en estos puertos. El chantaje ha triunfado en toda línea.

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Por esta abdicación política y por la contemplación de las cosas más aberrantes que es dable imaginar en una institución pública y en un puerto, no hemos quitado el dedo del renglón. Esta ha sido, por cierto, una de las causas principales de este surrealismo moral, legal y político: la indiferencia nacional. El temor de dirigentes, gobernantes, analistas, estudiosos, instituciones públicas, partidos políticos y de todos aquellos que deberían tener un cierto concepto del interés público, ha estado a la luz del día. Aún más, se ha partido del extraño supuesto de que se trata de asuntos corrientes, naturales en un sistema democrático, que se deben aceptar y hasta bendecir por cuanto sus autores son dirigentes sindicales, a quienes todo les está permitido.

Cualquier desliz, real o supuesto, de un político o de un funcionario es motivo de críticas o de alharacas en nombre de la ley y del interés nacional. El secuestro de un puerto o de un servicio público, que quebranta derechos básicos de la población, en cambio, no es motivo de investigación ni de censura pública. Las pérdidas económicas, los derechos sociales y el interés público se presumen necesarios en el marco sindical. El país es testigo también, en estos días, de una huelga en el hospital San Juan de Dios, promovida por el Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (Sisss) desde el lunes pasado. Los dirigentes sindicales han ordenado colocar barricadas en la lavandería e impedir la salida de los expedientes médicos con el fin de lograr sus propósitos mediante el inaceptable procedimiento de afectar los derechos de los asegurados. Esto es, no hay reparos. Cualquier medio se estima normal con tal de imponer la voluntad sindical contra todo orden legal y moral.

También en este caso reina la indiferencia, aun de parte de aquellos grupos o dirigentes que no pierden oportunidad en levantar la bandera del Estado solidario, del patriotismo o del fantasma de la privatización de los servicios públicos. El entorpecimiento de un servicio público, prohibido por la Constitución Política, pone al descubierto la falsedad de los dirigentes sindicales y de sus protectores. En un hospital, significa el quebranto del derecho a la salud. En un puerto, significa la violación de la libertad de comercio y de tránsito, cuya suspensión afecta la economía y las finanzas públicas. Sin embargo, cualquier consecuencia, no importa su gravedad, se desvanece legalmente ante el poder de veto de los sindicalistas o de otros grupos de presión.