Interlíneas:solución en tiempos de crisis

 El país ha apoyado con entusiasmo las Intersectoriales y no se merece esta parálisis

Ministra de Obras Públicasy Transportes

Viceministra de Transportes

En Costa Rica, tres requisitos son necesarios para que un proyecto fructifique: primero, debe dar vueltas durante tres décadas en la gaveta de algún burócrata. Segundo, su programación financiera y logística debe llegar devaluada y desactualizada a su etapa de ejecución, y, en tercera instancia, debe resistir la prueba de la mezquindad; es decir, sortear múltiples apelaciones, recovecos y argucias legales, que, disfrazadas de la búsqueda de la inocuidad legal, lo que esconden es la defensa de intereses particulares que pretenden imponerse sobre el interés público.

El ambicioso proyecto de las Interlíneas ha sorteado dos de los tres requisitos descritos. Tras 27 años de haber sido planteado, el proyecto fue resucitado por el MOPT, con la convicción de que reduciría el consumo desenfrenado de combustibles y de que ayudaría a desahogar a un sistema vial que no soporta la inyección de 250 vehículos diarios adicionales a sus calles (82.000 carros más cada año).

Prueba de la mezquindad. Sin embargo, es precisamente en la prueba de la mezquindad donde la Interlínea parece tener dificultades. Pese a que está diseñada para satisfacer con comodidad y eficiencia las necesidades de más de un millón de personas que viajan diariamente en el transporte público, y que está dirigida a ahorrarle millones de colones al país, dándoles a los conductores la posibilidad de guardar su vehículo y viajar en bus, la Interlínea ha demostrado que no es inmune a la mezquindad de una minoría que la pretende sepultar.

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Desafortunadamente, muchos de quienes administran la ley tradicionalmente han caído en el desbalance de aplicar la parte de la ley que cuida del individuo, del pobrecito, ignorando casi por completo las normas que existen para proteger el interés público.

Esta nefasta tendencia desconoce que la Interlínea es un asunto de usuarios, de todos aquellos que se movilizan en buses y que merecen un transporte público moderno. Es un asunto del país que necesita disminuir la factura petrolera. Es un asunto que beneficia al millón de personas para quienes las rutas Intersectoriales constituyen la respuesta esperada. Un millón de costarricenses que están siendo sacrificados por una decisión, ayuna de balance y de análisis de la realidad nacional.

Así las cosas, el frenar el arranque de las Intersectoriales beneficia únicamente a algunos empresarios de rutas actuales de buses.

¿A quiénes afecta esta misma decisión? Afecta al país. Golpea y se burla del 65% de población que actualmente utiliza el autobús e incluso del restante 35% que podría dejar su vehículo en casa y ahorrar combustible y dinero al usar masivamente un sistema moderno, digno y eficiente de transporte público.

Precisamente porque la prioridad son los usuarios, el Consejo de Transporte Público (CTP) consideró conveniente dar un permiso y no una concesión para la operación de las Interlíneas. Es en resguardo del interés de los usuarios que, en la actualidad, el 70% de las rutas del país trabaja bajo la modalidad de permiso y no de concesión.

¿El mecanismo ideal? Sin lugar a dudas, para este caso el permiso era el mecanismo ideal, porque una cosa es diseñar sobre la mesa siete nuevas rutas y otra cosa es valorar los resultados en carretera. El permiso posibilita a la Administración calibrar la operación de la empresa permisionaria, ordenar el aumento de la flota vehicular, ordenar mayor cantidad de paradas, cambiar la frecuencia, los horarios, etc. También permite moldear las rutas, hacerlas más eficientes y monitorear su efectividad. Un permiso se da por dos años, y si la empresa no cumple con su trabajo, puede ser retirada con mayor facilidad en beneficio de los usuarios.

Una concesión, por el contrario, impide a la Administración ordenar cambios y rectificar errores. Es rígida, inflexible. Una vez adjudicada la concesión, el concesionario trabaja bajo un contrato específico y aun cuando en el camino se encuentren errores, impide realizar cambios, todo por cumplir con el contrato... Por ley, una concesión debe darse por siete años, es por ello que en el caso de las Interlíneas, decidimos no arriesgar a los usuarios otorgando una concesión de siete años sin que los autobuseros hubiesen demostrado un servicio de calidad.

El país ha apoyado con entusiasmo las Intersectoriales y no se merece esta parálisis, una parálisis que no es novedad. Hoy, los costarricenses nos quejamos del rezago en diferentes áreas y observamos cómo naciones vecinas avanzan a pasos agigantados. Desafortunadamente, hoy comprobamos una vez más que dar ese salto hacia la modernización será obstaculizado por un portillo legal.

Confiamos en que todos, incluyendo quienes administran la ley, sabremos encontrar el camino para poner a funcionar la Interlínea de inmediato, una medida que se impone en tiempos de crisis, cuando es urgente más que nunca cambiar nuestros hábitos y ahorrar.