El costo de la inacción

 La crisis del transporte público y de los servicios urbanos es otro capítulo de la historia de los cabos sueltos en el país

 La falta de ejecución ha afectado al sector público y ha costado incalculables recursos, en perjuicio de los derechos de las personas

El tema del paso de las ideas y aun el de las propuestas de soluciones concretas, en nuestro país, a su ejecución, ya no es un problema. Es una enfermedad que, a lo largo del tiempo, se ha convertido en epidemia, con la agravante de que la falta de ejecución acumula los problemas y, por lo tanto, retarda y entorpece aún más la solución. El Estado costarricense es hoy, por ello, un cúmulo de cabos sueltos, de compromisos insatisfechos, de demandas sin eco, de cosas a medio hacer. Un mal político, en fin, constituido en tópico y en creciente desafío.

De los múltiples comentarios sobre el particular, que el vía crucis del TLC ha exhibido internacionalmente, destacamos un artículo, el lunes pasado, del director ejecutivo del Plan Urbano Regional de la Gran Área Metropolitana (PRU-GAM), Eduardo Brenes. En el nombre de este proyecto se condensa la trascendencia del problema y el peso de la carga política para el Estado y para el sector privado. Nada menos que la propuesta de un modelo urbano de inversión, como escribe el autor de dicho comentario, que conjugue, de forma simple y coherente, las necesidades de inversión en torno a la infraestructura y los servicios urbanos, a fin de estructurar una gran ciudad, con respeto a las características ambientales del territorio y al criterio de ciudades habitables y seguras.

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El abecé de este reto, agrega, está en la conectividad vial y en un sistema de transporte masivo intermodal para cortar el nudo gordiano. El primer paso son las rutas intersectoriales, anunciadas hace 27 años. Sin embargo, en los últimos 20 años se han llevado a cabo muchos estudios de transporte público que, como decíamos al principio, no han recibido la prueba de fuego de los hechos o de la ejecución. El estudio incorporado al proyecto PRU-GAM, al que nos referimos, incorpora la más alta tecnología. Este esfuerzo técnico será infructuoso –como lo ha sido hasta ahora– si la estrategia nacional del “nadadito de perro” o el principio del subdesarrollo: “el que viene atrás, que arree”, siguen vigentes en la política nacional. Desventuradamente, el poder de veto de cualquier persona o grupo se impone sobre el interés público.

Estas consideraciones y temores cobran vida en todo lo referente al transporte público y a los servicios urbanos. Sin embargo, este es solo un ejemplo dramático de otros capítulos desdichados en la vida de nuestro país que, por décadas, se descuidaron de manera irresponsable y cuya solución choca, hoy, contra la maraña legal y el poder de ciertos grupos de presión, sindicales, empresariales o políticos. El caso de Japdeva es patético: el puerto más importante del país en manos de unos cuantos líderes sindicales, estimulados por la indiferencia general de dirigentes, estudiosos de la realidad nacional y partidos políticos. Ni siquiera las bondades de la concesión del puerto de Caldera, en el Pacífico, han logrado vencer el miedo al cambio, el oportunismo y el populismo en otros sectores del país.

¿Cuánto nos ha costado, por décadas, el rezago vial del país, el atraso en la modernización del ICE o del INS, el déficit de aulas, escuelas y colegios (que ahora el ministro Garnier propone atacar mediante la vía de la concesión), el subdesarrollo portuario y aeroportuario, la postergación del TLC, tras su firma en el 2004; la ficción de la enseñanza del inglés, el laberinto de intereses de la zona marítimo-terrestre, el desorden en el transporte público, la llamada tramitología o, para no alargar los ejemplos, lo atinente a la calidad ambiental? En estos problemas, la falla de voluntad y de la continuidad ha estado a la orden del día.