Votación en Parlamento

Unión Europea avala tajante ley para expulsar a ilegales

 Texto fija en año y medio detención de indocumentados y devolución de niños

 Impide regreso por cinco años a ilegales y promueve el retorno voluntario

Estrasburgo, Francia. AFP. El Parlamento Europeo aprobó ayer una polémica ley de expulsión de inmigrantes ilegales de la Unión Europea (UE), que fija detenciones hasta de 18 meses y prohibición por cinco años para volver a entrar al bloque de 27 naciones.

El texto es el resultado de un compromiso entre el congreso europeo y sus 27 Estados miembros.

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El documento se aprobó por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones gracias a una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos; así como divisiones del grupo socialista.

La decisión fue muy mal recibida por Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correa, anunció que impulsará un frente latinoamericano para rechazar la iniciativa, a la que calificó de “vergüenza”.

La denominada “Directiva del Retorno” armoniza reglas de expulsión de indocumentados en Europa donde la Comisión Europea dice hay hasta ocho millones de inmigrantes “sin papeles”.

Al menos 200.000 ilegales fueron detenidos en la primera mitad del año pasado, pero se expulsó a menos de 90.000 según la entidad.

Criticada por El Vaticano, grupos políticos de izquierda y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ley también apoya la expulsión de menores.

“El acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente”, dijo el eurodiputado español del Partido Popular Europeo, Agustín Díaz de Mera, que apoyó la ley.

España, con 40 días, es con Francia y Chipre de los países en los que el lapso de retención es más corto para los ilegales; ese plazo supera los seis meses en Hungría, Bélgica o Polonia y llega a 18 meses en Alemania. En el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda y Holanda no hay límites.

La ley se enmarca en un proceso de organización y endurecimiento de la política migratoria que debería fijarse en la próxima presidencia francesa del bloque (segunda mitad del 2008), con un “pacto europeo” impulsado por París.

Este pacto tendría como ejes un “contrato de integración”, que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegar a Europa, fin a la normalización masiva de ilegales y una política común de asilo.

Reacciones diversas. El conservador Manfred Weber, que negoció el acuerdo con los 27 países, celebró una “victoria de la razón”.

De su lado, los socialistas no superaron sus divisiones pues varios de ellos apoyaron el texto.

“No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea”, indicó el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldörfler, que apoyó el texto contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo).

Críticos del texto temen que la legislación empeore las condiciones de expulsión en países que hoy tienen leyes más favorable.

El eurodiputado italiano Giusto Catania no dudó en calificarla de “una vergüenza y un insulto a la cultura jurídica de Europa”.

Por su parte, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dijo estar “muy decepcionado” y la organización humanitaria argentina Madres de Plaza de Mayo llamó “salvaje” a la nueva legislación.