Denuncia contra superintendente de bancos

Jueza analiza querella por fraude en Guatemala

 Jefe bancario habría recibido millonarias sumas mediante fraudes

 Se trata del mayor escándalo por corrupción en los últimos años

Ciudad de Guatemala. DPA y Redacción. Una jueza inició ayer el análisis de una querella contra el superintendente de bancos de Guatemala, después de que este fuera demandado por un alto líder político, el tercero que resulta involucrado en un escándalo por millonarias maniobras fraudulentas en el Congreso Nacional.

Se trata del mayor escándalo por corrupción en los últimos años en el país centroamericano y el primero que se registra durante la gestión del presidente socialdemócrata Álvaro Colom, quien apenas cumplió el viernes sus primeros seis meses de gobierno.

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La jueza Marta Sierra debe decidir si da trámite a la demanda contra Edgar Barquín, superintendente de bancos, quien no cumple ni dos meses en el cargo. Barquín es el titular de la Superitendencia de Bancos (SIB), cuyas funciones incluyen detectar casos de lavado de dinero y velar por el sano desempeño financiero.

Barquín fue demandado el pasado martes por el máximo líder político del Partido Patriota (PP), general Otto Pérez, candidato perdedor en la elección presidencial en las pasadas elecciones generales (noviembre de 2007), por calumnia, difamación, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

Una investigación de la SIB estableció que Pérez Molina recibió en marzo un depósito bancario por $100.000 de la casa de bolsa MDF, la misma que recibió este año, por medio de maniobras ilícitas, $11,4 millones de los ahorros del Congreso Nacional y $2,2 millones en el 2007.

Por el primero de los hechos (2008), el escándalo recayó en el presidente del organismo, Eduardo Meyer, del partido oficial, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Meyer, saliendo al paso de un clamor generalizado –que incluía a los diputados de su partido– para que renunciara, decidió pedir permiso por un lapso de dos meses.

El segundo hecho descubierto (2007) involucra a quien fungió como presidente del organismo en ese periodo, Rubén Darío Morales, quien alega ser inocente y justifica que los fondos retornaron a las arcas del Legislativo.

Lo curioso es que en ambos casos fue la misma persona, Byron Sánchez, director financiero del Congreso, quien se encargó de realizar la operación financiera y que se encuentra fuera del país.