Petición de Gerente a Registro

IDA ordena investigar caso de fraude con terrenos

 Dos miembros de la junta directiva tendrán un mes para ver el asunto

 Entidad podría presentar demanda penal contra empresario

La junta directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ordenó ayer una investigación de la solicitud que la gerente de esa entidad, Annie Saborío, hizo al Registro Público de levantar los gravámenes que pesan sobre fincas inscritas mediante un fraude.

Este medio publicó el sábado que Saborío envió una solicitud escrita al Registro en febrero del 2007 a petición de un empresario, sin que el IDA tuviera ningún expediente sobre las causas que motivaron las inmovilizaciones.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Si la solicitud se hubiera aprobado, 13.055 hectáreas en Limón podrían haber sido vendidas, pese a que se trata de una doble titulación y a que los verdaderos dueños de las tierras, entre ellos una reserva indígena, no las estaban vendiendo.

El presidente ejecutivo del IDA, Carlos Bolaños, informó por escrito que se comisionó a dos directores para investigar en un mes la actuación de funcionarios involucrados.

Wálter Quesada, dirigente sindical del IDA, envió ayer una carta a Bolaños en la cual exige una investigación. “Hay que actuar con mano dura. Una vez más se demuestra que en nuestra institución se carece de mecanismos de control para garantizar la eficiencia”, dijo.

Además de Saborío, participó en el caso el director jurídico. Saborío dijo a La Nación que ella se limitó a firmar una carta elaborada por la Dirección Jurídica y nos remitió al director de esta, Carlos García.

El funcionario explicó que se hizo un estudio registral y los archivos del Registro Público indicaban que las fincas fueron inmovilizadas por “error”, no por fraude.

Denuncia. Sobre por qué se pidió levantar gravámenes en vez de limitarse a decir que no se conocía su origen, García dijo: “Pudo ser un error de redacción”.

Ambos afirmaron que desconocían la existencia del fraude, originalmente perpetrado en 1974, y que nunca tuvieron contacto con el empresario que hizo la solicitud.

Bolaños agregó que la investigación también intentará determinar si hubo negligencia de otras instituciones que debieron informar sobre las irregularidades.

Además, se analizará si se presenta una denuncia penal contra el empresario que hizo la solicitud al IDA, Álvaro Rossi.

Él ha dicho que desconocía el fraude y que se enteró este año, cuando se incorporó al expediente del Registro Público la sentencia penal que lo confirma.

Rossi afirma que desistió de comprar las fincas y que le fueron ofrecidas por José Gerardo Sánchez, quien reside en Estados Unidos y no ha sido localizado.