Costa Rica, Domingo 15 de junio de 2008
/EL PAÍS
Costa Rica, Domingo 15 de junio de 2008
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96% de gente en edad productiva tiene líos para hallar empleo
Discapacidad condena al desempleo a 60.000 personas
35% de los desocupados son ciegos; 14% tienen problemas auditivos
5% de los puestos en el sector público deberían ser para esta población
Casi 60.000 personas en edad productiva están desempleadas porque presentan alguna discapacidad física que los deja fuera de la lista de “seleccionables” para algunas empresas.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), el 96% de las personas con discapacidad en edad productiva está en esa condición. Esto contrasta con la tasa nacional, que es del 4,8%.
De acuerdo con la directora ejecutiva del Consejo, Adriana Retana Salazar, en esto tiene mucho peso la falta de oportunidades que padecen estas personas para educarse y competir por un empleo en igualdad de condiciones.
Más evidencia. Un estudio hecho en el 2007 por el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encontró que de las 122 personas tratadas ese año por lesión medular, el 78% no logró conseguir empleo y aún continúa sin trabajo.
Además, de los 97 pacientes que quedaron con algún trauma de cráneo, casi la mitad están desempleados.
“Son personas que todavía pueden realizar algún tipo de actividad productiva, con ayuda de algunas adecuaciones en espacio”, afirmó Dylanna Badilla Alfaro, terapeuta de salud ocupacional del Cenare, ubicado en La Uruca, San José.
Este hospital de la Caja se ha visto en la necesidad de mejorar la coordinación con otras instituciones para lograr la colocación de personas que han sido rehabilitadas, pero que están sin empleo.
En este año, han logrado colocar a nueve personas en esa condición.
El problema se da a pesar de que existe un incentivo fiscal para que las empresas privadas contraten personas con discapacidad como parte de su planilla.
En el servicio público, también hay un decreto que obliga a las instituciones del Estado a apartar un 5% de los puestos para hombres y mujeres con discapacidad que reúnan los requisitos.
Gateando. En el Ministerio de Trabajo existe una unidad de discapacidad, con siete años de haber sido creada, pero que apenas intenta dar sus primeros pasos firmes bajo la coordinación de Lorena Chaves Rodríguez.
Esa unidad no tiene datos sobre las dimensiones del problema en el país, según reconoció Chaves. El servicio, tampoco es conocido por los usuarios por lo que no se tiene certeza de cuántos han planteado allí su denuncia.
“Estamos tratando de ordenar el tema en casa, para ser más efectivos en la atención de seguimiento. Tenemos que estructurar protocolos y competencias de cada dependencia. Este año, empezamos a activar la comisión encargada del tema”, dijo la funcionaria, quien trabaja con una persona más para dar abasto con las responsabilidades que implica la unidad.
De acuerdo con datos del CNREE, el 36% de las personas con discapacidad en edad laboral padece alguna deficiencia visual.
El 15% de esa población, padece de sordera total o parcial, y un 12% ha sido víctima de amputación o parálisis debido a alguna enfermedad o accidente.
De la población con discapacidad desocupada, la mayoría (94%) vive en San José. Le sigue Cartago, Guanacaste y Alajuela.
Los menos padecen de retardo o algún trastorno mental.
FOTOS
Adrián Calderón, de 41 años de edad, tuvo suerte. La empresa Conair, en Cartago, le mantuvo las puertas abiertas del trabajo, después de un accidente que le dejó severas secuelas neurológicas. Él lleva 13 años de laborar con este fabricante de aparatos de cuidado personal. Francisco Rodríguez
Luis Carlos Pérez vendía periódicos en San José, hace un año. archivo
En la ley
Incentivos y obligaciones
La ley 7092, del impuesto sobre la renta, establece incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad. El artículo 8 dice que son deducibles de la renta bruta: “Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las gratificaciones, las regalías, los aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados, siempre y cuando proceda y se hayan hecho las retenciones y enterado los impuestos a que se refiere el título II de esta Ley. Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los requisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador”. Además, en diciembre del 2007, se emitió un decreto que obliga a reservar el 5% de las vacantes en el sector público para las personas con discapacidad, “siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten compatibilidad en el desempeño de sus tareas y funciones”.
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